La Audiencia de Badajoz dictará sentencia sobre el caso de David Sánchez a finales de septiembre
La Audiencia Provincial de Badajoz tiene previsto dar a conocer a finales del próximo mes de septiembre la sentencia relativa al proceso judicial contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, por presuntas irregularidades en la adjudicación de una plaza en la Diputación de Badajoz. Tras la finalización de la fase testifical y pericial, el tribunal se encamina hacia la resolución de un caso que ha analizado la creación y posterior provisión de un puesto directivo entre los años 2016 y 2017.
El tribunal ha dado por concluida la fase de instrucción oral tras rechazar las últimas peticiones de la defensa, que solicitaba un nuevo interrogatorio del acusado debido a las modificaciones en los escritos de las acusaciones. La sala consideró que no existían variaciones sustanciales en los hechos enjuiciados, cerrando así la puerta a nuevas pruebas y dejando el procedimiento listo para el dictado de la sentencia definitiva.
El núcleo del debate jurídico se centra en la valoración de la prueba indiciaria aportada durante las sesiones. Las acusaciones sostienen que la plaza fue diseñada específicamente para el perfil de David Sánchez, apoyándose en testimonios de otros aspirantes que afirmaron conocer de antemano el nombre del adjudicatario. Por su parte, el tribunal ha mantenido un criterio de prudencia técnica, desvinculando el proceso penal de las posibles implicaciones políticas derivadas del parentesco del acusado.
Entre los elementos clave del proceso figura un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Dicho documento sugiere que la creación del puesto de trabajo no se originó en el área técnica de Cultura, sino en estamentos superiores de la estructura jerárquica de la Diputación de Badajoz. No obstante, la defensa argumenta que el proceso cumplió estrictamente con la legalidad administrativa y que las modificaciones en la denominación del cargo respondieron a necesidades organizativas de la institución provincial.
La defensa de David Sánchez, ejercida por el letrado Emilio Cortés, ha insistido en que no existe base probatoria directa para sostener una condena penal. En sus alegatos finales, ha remarcado que el funcionamiento administrativo no debe interpretarse bajo sospecha de criminalidad y que, en caso de detectarse alguna irregularidad, esta debería dirimirse en la jurisdicción contencioso-administrativa, alegando además la posible prescripción de los hechos en algunos supuestos.
Por el contrario, las acusaciones populares, representadas por el Partido Popular y Vox, han elevado sus peticiones de pena hasta los seis años de prisión. Los cargos imputados incluyen presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias, basándose en la tesis de que existió una dirección política orientada a favorecer la contratación del procesado. La resolución de la Audiencia de Badajoz pondrá fin a este primer ciclo judicial que ha generado una notable expectación en el ámbito institucional.
