El Congreso aprueba otorgar la condición de agentes de la autoridad a los funcionarios de prisiones

El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves, con un amplio respaldo parlamentario, la reforma de la Ley General Penitenciaria de 1979 para reconocer a los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad. La medida, que responde a una demanda histórica del colectivo, ha salido adelante gracias a un acuerdo entre el PSOE y el PP, logrando un total de 323 votos a favor frente a 21 en contra.

La modificación del artículo 80 de la normativa vigente ha contado con el apoyo de las principales fuerzas de la Cámara, incluyendo a PNV, Junts, Sumar y el Grupo Mixto. Únicamente las formaciones ERC y EH Bildu han mantenido su voto en contra. Tras este paso, el texto será remitido al Senado para su ratificación definitiva en las próximas semanas, con la previsión de que la reforma sea publicada en el Boletín Oficial del Estado antes del mes de agosto.

El nuevo marco legal incrementa las garantías jurídicas de los más de 30.000 trabajadores del sistema penitenciario, tanto funcionarios como personal laboral. Entre las novedades principales, la reforma establece que el testimonio de estos empleados tendrá valor probatorio preferente en los procedimientos judiciales frente a agresiones. Asimismo, se endurecerán las penas para los internos que cometan atentados contra la autoridad y se reconocerá el derecho a indemnización por daños personales o materiales sufridos en el ejercicio de sus funciones.

En el ámbito operativo, la condición de agentes de la autoridad implicará que, en caso de que un funcionario deba ingresar en prisión, este sea separado del resto de reclusos tanto en los centros penitenciarios como en los traslados. Además, la ley contempla la obligatoriedad de recibir formación específica, tanto teórica como práctica, para el desempeño de sus labores en los centros.

Durante el debate parlamentario, el diputado del PSOE David Serrada ha destacado que la aprobación no representa la victoria de un partido político, sino de un colectivo que ha mantenido una reivindicación legítima durante años. Por su parte, la portavoz de Interior del PP, Ana Vázquez, ha señalado la importancia de priorizar la dignidad y seguridad de los trabajadores, recordando que el sector enfrenta una media de dos agresiones diarias en los centros penitenciarios españoles.

La sesión ha contado con la presencia en la tribuna de representantes de organizaciones sindicales como CSIF, ACAIP y Cataluña Prisiones, así como de la asociación «Tu Abandono me puede matar». También ha asistido un familiar de Nuria López, la trabajadora del centro penitenciario de Mas d’Enric (Tarragona) fallecida a manos de un recluso a principios de año, un suceso que ha marcado parte de las intervenciones de los diferentes grupos parlamentarios.

Desde las organizaciones sindicales se ha valorado positivamente el consenso alcanzado entre las fuerzas mayoritarias. Sergio Ríos, delegado de CSIF Prisiones Madrid, ha calificado la jornada como un reconocimiento merecido que redundará en una mayor protección en el entorno laboral. Por su parte, ACAIP-UGT ha subrayado el esfuerzo realizado durante años para lograr la cohesión política necesaria para sacar adelante este cambio legislativo.