La Fiscalía General abre expediente a dos fiscales por menciones en las grabaciones del ‘caso Plus Ultra’
La Inspección Fiscal de la Fiscalía General del Estado ha procedido a la apertura de un expediente gubernativo contra Pilar Rodríguez, actual fiscal en el Tribunal Supremo y antigua jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, y María Luisa Llop, destinada en la Audiencia Nacional. La medida responde a una denuncia presentada por la organización Iustitia Europa, tras aparecer ambas mencionadas en informes policiales relacionados con la investigación sobre el rescate público a la aerolínea Plus Ultra.
La decisión administrativa, confirmada a través de un escrito de la Inspección Fiscal, se sustenta en el contenido de un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) remitido al Juzgado Central de Instrucción Número 4 de la Audiencia Nacional. En dicho oficio, los investigadores detallan conversaciones intervenidas a los investigados en las que se aludía a la supuesta capacidad de influir en el Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid, encargado de la causa por la ayuda de 53 millones de euros otorgada a la compañía aérea.
Según los hallazgos de la UDEF, el abogado Miguel Palomero habría comunicado a Rodolfo Reyes, directivo de la aerolínea, su intención de indagar sobre el perfil de la magistrada Esperanza Collazos. En el transcurso de estas comunicaciones, se hizo referencia a la entonces fiscal jefa de Madrid como una figura cercana, con el fin de intervenir en el curso de las diligencias judiciales. Estos diálogos han motivado el inicio de este proceso de supervisión interna para esclarecer cualquier implicación o vulneración del deber de imparcialidad.
Esta actuación de la Fiscalía General del Estado se suma al expediente gubernativo que ya incoó el pasado 26 de mayo la entonces fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra. Aquella iniciativa se produjo pocos días después de que trascendiera el informe policial en el marco de la investigación que dirige el juez José Luis Calama, quien examina una presunta trama de tráfico de influencias que habría facilitado el acceso a los fondos públicos para el rescate de la entidad.
El «caso Plus Ultra» mantiene abiertas diversas líneas de investigación para determinar la legalidad de la ayuda financiera concedida por el Gobierno en 2021. La apertura de estos expedientes gubernativos por parte de los órganos de control del Ministerio Fiscal representa un trámite administrativo de carácter institucional destinado a salvaguardar la integridad de la carrera fiscal frente a las sospechas vertidas en el marco de procedimientos judiciales en curso.
