El excomisario jefe del Senado recurre ante la justicia su destitución por considerarla ilegal
Julián Leandro Puente, quien hasta el pasado viernes desempeñaba el cargo de comisario especial del Senado, presentará esta semana un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) contra su cese fulminante. La defensa técnica del mando policial solicitará la adopción de medidas cautelarísimas para su reingreso inmediato, al considerar que la resolución de la Dirección General de la Policía vulnera sus derechos fundamentales y carece de la motivación jurídica necesaria.
La decisión de acudir a la vía contencioso-administrativa se produce tras la notificación oficial firmada por el director general de la Policía, Francisco Pardo. En dicho documento se justifica la remoción del cargo basándose en una «pérdida de confianza» vinculada a la forma de ejercer el mando. El cese se produce tras la tramitación de un expediente psicosocial originado por denuncias de los sindicatos policiales SUP y UFP, que alertaron sobre un clima de malestar laboral en el destacamento de la Cámara Alta.
No obstante, el entorno jurídico del excomisario sostiene que el cese responde a motivos estrictamente políticos y no técnicos. Según los argumentos que se presentarán ante el tribunal, la activación del informe de riesgos laborales —que permanecía inactivo desde octubre de 2025— coincide en el tiempo con el malestar expresado por el Grupo Parlamentario Socialista tras un incidente de seguridad ocurrido el pasado 3 de marzo entre una analista de comunicación y un reportero en las dependencias del Senado.
La defensa de Puente alega que el informe psicosocial utilizado como base para su destitución se realizó sin recabar su versión de los hechos, lo que a su juicio constituye una vulneración del derecho a la legítima defensa. Asimismo, destacan que el comisario había manifestado por escrito su total conformidad y compromiso para liderar la hoja de ruta preventiva establecida por los técnicos de Riesgos Laborales apenas unos días antes de ser cesado.
Este conflicto jurídico guarda paralelismos con el caso del teniente coronel Diego Pérez de los Cobos, cuya restitución como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid fue ordenada por el Tribunal Supremo. En aquel precedente, el alto tribunal dictaminó que los puestos de libre designación también requieren una motivación suficiente y que la «pérdida de confianza» no puede amparar decisiones arbitrarias o ajenas a la legalidad administrativa.
Desde la Dirección General de la Policía se mantiene la validez del procedimiento, fundamentado en la necesidad de garantizar la salud laboral de los funcionarios bajo el mando del comisario. Por su parte, sectores policiales consultados advierten de la posible desviación de poder que supondría utilizar mecanismos técnicos de prevención de riesgos como herramientas de remoción política en puestos de alta responsabilidad institucional.
El TSJM deberá decidir en las próximas horas sobre la suspensión cautelar del cese, un paso previo a la resolución del fondo del asunto, donde se determinará si la destitución de Julián Leandro Puente se ajustó a derecho o si, por el contrario, debe ser restituido en su puesto al frente de la seguridad de la Cámara Alta.
