Vox anuncia una querella contra el expresidente Zapatero por presuntos delitos contra la Hacienda Pública
El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha anunciado este lunes que su formación interpondrá una querella contra el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. La acción judicial se fundamenta en presuntos delitos contra la Hacienda Pública y contrabando, en relación con el hallazgo de joyas valoradas en al menos 1,3 millones de euros por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en una caja fuerte vinculada a investigaciones recientes.
En una entrevista concedida a Radio Nacional de España, Garriga ha enmarcado esta medida dentro de la estrategia de su partido para exigir la dimisión del actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Según el dirigente de Vox, esta denuncia se incorpora al listado de acciones legales y parlamentarias que la formación está llevando a cabo para confrontar la gestión del Ejecutivo, al que ha criticado con dureza por su relación con las instituciones del Estado.
Respecto a la coordinación con otras fuerzas de la oposición, el secretario general de Vox ha instado al Partido Popular a utilizar todas las herramientas a su alcance para provocar un cambio de gobierno. No obstante, ha descartado de forma explícita que su formación vaya a utilizar su influencia en los gobiernos autonómicos para presionar al líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, en favor de una moción de censura en el Congreso de los Diputados.
A pesar de que Vox mantiene acuerdos de gobernabilidad o apoyos externos en comunidades como Andalucía, Castilla y León, Extremadura y Aragón, Garriga ha precisado que no trasladarán la presión nacional a los parlamentos regionales. La formación considera que introducir factores de la política general en las ecuaciones autonómicas podría distorsionar la aplicación de las políticas territoriales acordadas y la necesidad de cambio en ámbitos de gestión local.
Esta decisión subraya una delimitación de las estrategias de Vox en los distintos niveles de la administración, manteniendo la ofensiva judicial contra figuras del Partido Socialista mientras preserva, por el momento, la estabilidad institucional en los gobiernos regionales donde tiene presencia o influencia legislativa.
