El Ciadi impone una nueva condena a España por las renovables y eleva la deuda acumulada a 2.333 millones
El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), organismo dependiente del Banco Mundial, ha dictado una nueva resolución contra el Reino de España por el impago de las indemnizaciones derivadas de la retirada retroactiva de primas a las energías renovables. El fallo obliga al Estado al abono de 23,9 millones de euros al grupo inversor DCM Energy y sus socios, lo que eleva el montante total de la deuda por laudos arbitrales a 2.333 millones de euros, sumando intereses de demora y costas procesales.
Con esta sentencia, España acumula 29 laudos desfavorables, de los cuales el Ejecutivo solo ha satisfecho uno hasta la fecha: el correspondiente al caso JGC, abonado a mediados del año pasado por un importe de 32 millones de euros. Los 28 restantes permanecen pendientes de ejecución, una situación que sitúa a España como el país con mayor número de sentencias de arbitraje impagadas, equiparándose a los niveles de incumplimiento de naciones como Venezuela y por delante de Rusia, según el Índice de Cumplimiento de Laudos Arbitrales.
El tribunal de arbitraje, presidido por la jurista francesa Carole Malinvaud, ha estimado de manera parcial la reclamación del consorcio de inversores alemanes y suizos, integrado por entidades como DCM Energy GmbH & Co. Solar, Edisun Power Europe A.G. y el grupo Hannover Leasing. Aunque la demanda inicial presentada en 2017 solicitaba 55,9 millones de euros, la indemnización final se ha fijado en 23,9 millones, a los que se añadirán recargos adicionales si el resarcimiento no se produce de forma inmediata.
La persistencia en el impago de estas obligaciones internacionales ha derivado en una ofensiva legal de los acreedores en múltiples jurisdicciones. En Estados Unidos, ya existen siete sentencias federales firmes que reconocen laudos contra España por valor de 700 millones de euros, facilitando la vía para el embargo de activos públicos. En Europa, se han registrado medidas cautelares sobre 250 millones de euros en Bélgica y se ha autorizado el embargo de la sede del Instituto Cervantes en Utrecht (Países Bajos), valorada en 10 millones de euros.
El conflicto jurídico tiene su origen en el cambio de marco regulatorio de las energías limpias. En 2007, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero implementó un sistema de incentivos que atrajo inversiones cercanas a los 30.000 millones de euros. Sin embargo, en 2013, el Ejecutivo de Mariano Rajoy eliminó dichas ayudas con carácter retroactivo alegando la crisis económica, lo que motivó la interposición de 52 demandas ante el Ciadi bajo el amparo del Tratado sobre la Carta de la Energía.
Analistas del sector advierten de que esta inseguridad jurídica está impactando directamente en la economía nacional. El pasado año, la inversión extranjera en España experimentó un descenso del 60%, caída que expertos atribuyen a la desconfianza generada por los impagos en el sector energético. Mientras tanto, los tribunales de países como Reino Unido, Australia o Singapur continúan tramitando solicitudes de embargo que podrían afectar a bienes estatales, patrocinios deportivos e incluso activos de transporte oficial en el extranjero.
