Sumar propone retirar la financiación estatal a las regiones que establezcan tarifas de transporte por criterios de origen
El Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar ha registrado este martes en el Congreso de los Diputados una iniciativa que busca condicionar la transferencia de fondos de la Administración General del Estado a la eliminación de criterios de empadronamiento en las tarifas del transporte público regional. La propuesta, presentada como enmienda a una proposición no de ley del Partido Popular sobre la Ley de Movilidad Sostenible, apunta específicamente a las políticas tarifarias que, a juicio del grupo, discriminan a los usuarios en función de su procedencia.
La medida surge como respuesta a la regulación de la Comunidad de Madrid, que limita el acceso a determinadas modalidades de abono transporte a los ciudadanos empadronados en la región. Según el texto defendido por Sumar, cualquier administración que apruebe «toda forma de regulación tarifaria que discrimine por razón de origen» debería quedar excluida del reparto de la financiación pública estatal destinada a la movilidad y las infraestructuras de transporte.
Durante el debate parlamentario, el diputado de Sumar Alberto Ibáñez ha fundamentado la enmienda argumentando que la actual normativa madrileña no solo afecta a la población migrante, sino que supone un perjuicio directo para otros colectivos con alta movilidad, como el estudiantil. Ibáñez ha criticado que se utilicen recursos públicos para sostener sistemas que establecen barreras de acceso basadas en la residencia administrativa del ciudadano.
Además de la restricción financiera, la propuesta de Sumar incluye otros puntos adicionales para ampliar el alcance de la Ley de Movilidad Sostenible. Entre ellos destaca la exigencia de elaborar un informe técnico detallado que analice el impacto ambiental y social de sustituir vuelos de corto recorrido por trayectos ferroviarios, así como el impulso definitivo para implantar un billete único de transportes que tenga validez en todo el territorio nacional.
Por su parte, la iniciativa original del Partido Popular exigía al Gobierno central el cumplimiento íntegro de las obligaciones pendientes contempladas en la actual normativa de movilidad. Aunque Ibáñez ha reconocido la pertinencia de exigir el cumplimiento de las leyes, ha reprochado a los populares que su propuesta ignore compromisos sociales y ambientales que Sumar considera prioritarios para la cohesión territorial.
La viabilidad de esta enmienda queda supeditada a la aceptación por parte del Partido Popular, grupo proponente de la iniciativa principal. Dada la disparidad de criterios en la gestión de competencias autonómicas y la naturaleza de las exigencias planteadas por Sumar, se prevé difícil un acuerdo que permita la incorporación de estos puntos al texto final que se someterá a votación en la Cámara Baja.
