La secretaria de Estado de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Eva Granados, ha informado este miércoles ante la Comisión de Cooperación Internacional del Senado que el Gobierno de España ha destinado un total de 57.178.734 euros en ayuda humanitaria a los campamentos de refugiados saharauis en Tinduf (Argelia) durante el periodo comprendido entre 2020 y 2025. Esta cifra supone un incremento del 118,8% en los recursos destinados a esta población en los últimos cinco años.
Durante su comparecencia, Granados detalló la evolución presupuestaria de estas partidas, que han pasado de los 5,4 millones de euros en 2020 a una previsión de 12 millones de euros para el ejercicio de 2025. Según la información proporcionada por la Secretaría de Estado, el 50% de estos fondos se canaliza hacia programas de seguridad alimentaria, nutrición y educación en contextos de emergencia, consolidando a España como el principal donante bilateral en la zona.
La comparecencia se produjo en respuesta a las cuestiones planteadas por el senador del Grupo Popular, Íñigo Fernández, quien solicitó aclarar si el cambio de posición del Ejecutivo respecto al Sáhara Occidental había afectado a la cuantía de las ayudas. Granados defendió la «interlocución privilegiada» que mantiene España con las agencias de Naciones Unidas y las organizaciones no gubernamentales presentes en el terreno, subrayando que el compromiso presupuestario se ha duplicado a pesar del contexto político.
Desde la bancada popular, Fernández consideró lógica la posición de liderazgo de España en la aportación de fondos, dada la «obligación moral» histórica del Estado con la población saharaui, que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) cifra en más de 170.000 personas. No obstante, el debate parlamentario también se centró en la gestión administrativa y la fiscalización de estos recursos públicos.
En relación con las observaciones del Tribunal de Cuentas sobre la falta de justificación inicial de 21 millones de euros gestionados por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), Granados aseguró que no queda ningún expediente pendiente de revisión. La secretaria de Estado atribuyó las incidencias detectadas a «meros retrasos de procedimientos administrativos» derivados de la falta de personal, descartando cualquier menoscabo a los fondos públicos.
La secretaria de Estado puntualizó que estos retrasos en la tramitación son «históricos» y se arrastran desde 2016, independientemente del signo político del Gobierno. Asimismo, recordó que tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado solicitaron el archivo del procedimiento al no hallar irregularidades contables más allá de la demora en la revisión formal de los documentos justificativos.
Por otro lado, la senadora popular Miriam García solicitó la remisión de documentos que garanticen la «trazabilidad completa» de todos los fondos gestionados por la Secretaría de Estado. García cuestionó específicamente el reciente nombramiento del exdirector de la AECID, Antón Leis, como alto comisionado adjunto para Operaciones de ACNUR, tras haberse aprobado una contribución española de 20 millones de euros a dicha agencia de la ONU.
Granados rechazó las críticas vinculadas a este nombramiento, calificándolas de «insidias» y defendiendo la solvencia académica y profesional de Leis. La secretaria de Estado concluyó su intervención instando a los grupos de la oposición a consultar los datos públicos disponibles en la web de la AECID y defendió la necesidad de fortalecer el sistema multilateral de Naciones Unidas mediante aportaciones plurianuales que garanticen la operatividad de las agencias humanitarias.
