La Agencia Tributaria identifica una presunta comisión de 500.000 euros vinculada al director de Quirón Prevención
La Agencia Tributaria ha remitido un informe al Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, donde se investiga al empresario Alberto González Amador, alertando sobre el posible cobro de una comisión de 500.000 euros por parte de Fernando Camino, director general de Quirón Prevención. Según las pesquisas fiscales, esta cuantía se habría encubierto mediante la venta de una sociedad sin valor real a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
El organismo tributario ha solicitado formalmente al magistrado Antonio Viejo la paralización de sus actuaciones inspectoras en vía administrativa para dar preferencia al procedimiento penal. Esta solicitud, reiterada el pasado 21 de mayo, busca preservar la calidad de la investigación judicial y evitar duplicidades procesales. Hacienda advierte que, de no recibir la orden de suspensión, deberá proceder con las liquidaciones provisionales y las sanciones administrativas correspondientes.
La investigación se centra en una pieza separada relativa a la venta de la empresa Círculo de Belleza S.L., propiedad de Gloria Carrasco, esposa de Fernando Camino. La operación se cerró por medio millón de euros en diciembre de 2020, a pesar de que la firma apenas registraba actividad y su facturación anual no superaba los 30.000 euros. Los investigadores sospechan que este movimiento financiero fue, en realidad, un pago indirecto relacionado con la intermediación en contratos de venta de mascarillas durante la crisis sanitaria.
En el marco de estas diligencias, el instructor autorizó el pasado 11 de junio a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para profundizar en el rastro financiero de Alberto González Amador. La providencia judicial permite a los agentes el acceso a los movimientos y saldos de 16 cuentas bancarias vinculadas al investigado, abarcando un periodo temporal que se extiende desde el 1 de enero de 2014 hasta la actualidad.
El requerimiento judicial ha sido trasladado a 16 entidades financieras, entre las que figuran Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell y Bankinter, con el fin de obtener de forma reservada toda la información relativa a los productos bancarios bajo sospecha. La Guardia Civil analiza si estos fondos guardan relación directa con las operaciones comerciales de las empresas de González Amador y su vinculación con los directivos del grupo sanitario privado Quirón.
Hasta el momento, el juzgado mantiene el foco en determinar si existió una estructura societaria diseñada para canalizar comisiones de éxito derivadas de contratos públicos. La resolución de la petición de la Agencia Tributaria para supeditar la vía administrativa a la penal marcará el ritmo de las próximas actuaciones de la inspección fiscal en este caso de presunto fraude y corrupción en los negocios.
