Teresa Peramato defiende la legalidad de los nombramientos y apela a fortalecer la confianza en la Fiscalía
La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha comparecido este viernes ante la Comisión de Justicia del Senado para dar cuenta de su gestión y defender la integridad institucional del Ministerio Fiscal. Durante su intervención, Peramato ha reivindicado la «legalidad» de los nombramientos realizados bajo su dirección, asegurando que estos se han articulado mediante decisiones fundadas en los principios de «mérito, capacidad y adecuación al puesto», con el objetivo de consolidar un modelo «ajeno a cualquier otra consideración» que no sea el servicio exclusivo a la ley.
La comparecencia, sustanciada a petición del Grupo Popular en la Cámara Alta, ha tenido como eje central la necesidad de «reforzar la confianza» tanto interna como externa en la institución. Peramato ha abogado por fortalecer la coherencia en la actuación fiscal a través de «consensos» y garantizando que los criterios jurídicos se compartan y expliquen con claridad para garantizar la seguridad jurídica y la transparencia del organismo.
Uno de los puntos de mayor interés de la sesión ha sido la explicación de la fiscal general sobre su expresión de «sanar heridas» dentro de la institución. Peramato ha contextualizado estas palabras en el marco de la dimisión de su predecesor, Álvaro García Ortiz, tras la sentencia del Tribunal Supremo por revelación de secretos. Según ha manifestado, dicha afirmación no pretendía ser una valoración descontextualizada, sino parte de un «diagnóstico institucional responsable» que incluía una llamada a la lealtad y a la cohesión interna.
En relación con el papel institucional de la Fiscalía, la compareciente ha subrayado que quien ostenta la jefatura del Ministerio Fiscal «no se puede erigir ni en comentarista ni opinadora de la actuación judicial». A su juicio, tal comportamiento desdibujaría la posición del organismo y comprometería los principios de objetividad e imparcialidad que rigen la carrera fiscal, cuya misión constitucional es promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad.
Peramato también se ha referido a la actuación de la Fiscalía en la causa que afectó a García Ortiz, asegurando que la institución ha actuado «exactamente como exige la Constitución». Ha defendido que el Ministerio Fiscal se ha mantenido bajo una «sujeción estricta a los principios de legalidad» y que no se han producido variaciones en los criterios jurídicos aplicados desde que ella asumió el cargo, lo que demostraría que la actuación no ha dependido de voluntades individuales.
Finalmente, la fiscal general ha respondido a las cuestiones sobre las reuniones de excargos de la Fiscalía con personas señaladas en causas judiciales, reiterando que la estructura institucional está diseñada para garantizar que la independencia del Ministerio Fiscal se mantenga firme frente a cualquier injerencia, asegurando que los derechos de los ciudadanos y el interés público permanecen como las únicas prioridades de su mandato.
