Gamarra defiende que la investigación a la pareja de Díaz Ayuso afecta a la «actividad particular» de un ciudadano
La secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha subrayado este viernes que el procedimiento judicial que afecta a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, debe abordarse bajo la premisa de que se trata de un «particular en relación a su actividad particular». Estas declaraciones se producen tras conocerse el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil remitido al juzgado encargado de la instrucción.
Durante una atención a los medios de comunicación en Tarifa (Cádiz), Gamarra evitó profundizar en el contenido del informe policial y zanjó la cuestión instando a que el análisis se limite estrictamente a la esfera privada del investigado. «Eso tiene que analizarse e investigarse con esa perspectiva», remarcó la dirigente popular tras mantener un encuentro de trabajo con representantes de sindicatos y asociaciones de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
El documento elaborado por la UCO, fundamentado en análisis previos de la Agencia Tributaria, sostiene que la mercantil propiedad de González Amador no disponía de los «medios personales y materiales suficientes» para ejecutar los servicios de consultoría facturados a la entidad Quirón Prevención. Esta pieza separada investiga la presunta comisión de un delito de corrupción en los negocios dentro de la actividad empresarial del ciudadano.
La comparecencia, en la que Gamarra estuvo acompañada por el coordinador nacional de Emergencias del PP, Antonio Sanz, sirvió para fijar la postura institucional de la formación ante las novedades judiciales. El Partido Popular sostiene que la relevancia del caso no debe trascender a la gestión pública de la Comunidad de Madrid ni al liderazgo regional del partido, al considerar que los hechos investigados son ajenos a la administración autonómica.
La posición expresada por la vicesecretaria de Regeneración Institucional busca delimitar las responsabilidades legales de González Amador de la figura política de Isabel Díaz Ayuso, en un momento en que la presión parlamentaria sobre el entorno de la presidenta madrileña ha incrementado tras las últimas diligencias practicadas por la Guardia Civil.
