El Gobierno confirma la recepción de una oferta de 250 millones vinculada a Víctor de Aldama por el complejo Campos Velázquez
La Sociedad Estatal de Promoción Industrial y Desarrollo Empresarial (Sepides), dependiente del Ministerio de Hacienda, ha confirmado oficialmente la recepción de una oferta de 250 millones de euros por el complejo urbanístico Campos Velázquez, en Madrid, remitida por la mercantil Pilot Real Estate SL, sociedad vinculada al empresario Víctor de Aldama. Según consta en una resolución de transparencia, la propuesta fue formulada en noviembre de 2018 y reconocida formalmente por el organismo público en marzo de 2019, si bien la Administración sostiene que el inmueble nunca estuvo en proceso oficial de comercialización.
El documento emitido por Sepides acredita que, junto a la propuesta de la firma de Aldama, la entidad recibió una segunda oferta no vinculante el 6 de mayo de 2019. Esta última fue presentada por Platinum Estates Ltd por un importe de 201 millones de euros. A pesar de estas manifestaciones de interés económico sobre el activo situado en el barrio de Salamanca, el organismo estatal subraya que ninguna de las propuestas llegó a integrarse en un expediente formal de venta al no figurar el complejo entre los activos disponibles para su enajenación en aquel periodo.
Ante el interés despertado por el inmueble, la Dirección Financiera y la Dirección Corporativa de Sepides elaboraron un informe técnico el 9 de julio de 2019 para evaluar las consecuencias de una posible desinversión. El análisis concluyó con un dictamen desfavorable a la venta, determinando que el complejo Campos Velázquez constituye un «activo estratégico» para la entidad pública, lo que motivó el rechazo definitivo a cualquier operación de traspaso a manos privadas.
La confirmación administrativa de estos movimientos coincide con las recientes declaraciones judiciales de Víctor de Aldama ante el Tribunal Supremo. En su comparecencia, el empresario sostuvo que se vio obligado a retirar la oferta de compra tras una interlocución con Koldo García, entonces asesor del Ministerio de Fomento. Según la versión del acusado, García le habría indicado que la oferta debía ser retirada alegando un supuesto interés de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, en las instalaciones para el desarrollo de actividades del Instituto de Empresa (IE), entidad que mantenía su sede en dicha ubicación.
Aldama detalló en sede judicial que la operación estaba sujeta a un contrato de gestión con un fondo de inversión que preveía comisiones de entre 15 y 20 millones de euros en función de los plazos de ejecución. Según el testimonio del empresario, el desistimiento de la oferta se produjo después de que se le comunicaran supuestos inconvenientes políticos relacionados con la titularidad y el uso del suelo, que cuenta con una extensión aproximada de 43.000 metros cuadrados en una de las zonas de mayor valor patrimonial de la capital.
La resolución de transparencia que ahora sale a la luz permite trazar la cronología administrativa de los hechos, corroborando que las ofertas existieron y fueron registradas por la SEPI en las fechas señaladas por el investigado, aunque la versión institucional mantiene que la decisión de no vender respondió estrictamente a criterios de planificación estratégica y de preservación del patrimonio público empresarial.
