La Guardia Civil incentivará los destinos en Cataluña con mejoras en la puntuación para futuros traslados

La Dirección General de la Guardia Civil ha aprobado una modificación en su normativa interna para establecer incentivos profesionales destinados a los agentes que soliciten plaza en Cataluña. Esta medida, denominada «derecho preferente modelable», busca paliar el déficit de personal que afecta a la comunidad autónoma mediante un sistema de puntuación que facilitará a los guardias civiles la obtención de sus próximos destinos tras cumplir un periodo mínimo de servicio en la región.

La iniciativa fue presentada formalmente por la directora general del cuerpo, Mercedes González, durante la toma de posesión de la coronel Cristina Moreno Martínez como jefa de la Comandancia de Barcelona. Según los términos de la nueva norma, los agentes que permanezcan destinados en unidades catalanas con carencia de personal durante un periodo de entre tres y seis años verán multiplicada su puntuación de cara a futuros concursos de traslados, lo que les otorgará una ventaja competitiva frente a otros solicitantes con la misma antigüedad.

En términos operativos, el baremo establece que un guardia civil que preste servicio durante cuatro años en una unidad deficitaria en Cataluña computará efectos de concurso como si hubiese acumulado 9,26 años de servicio. En caso de que la estancia se prolongue hasta los seis años, la puntuación total equivaldrá a 17,84 años. Este mecanismo técnico ya se aplica en otras comunidades autónomas como el País Vasco y Navarra, donde se utiliza para incentivar la cobertura de vacantes en zonas consideradas de especial dificultad.

A diferencia de lo que sucede en el País Vasco y Navarra, la medida aprobada para Cataluña no incluye por el momento incentivos económicos adicionales. Las asociaciones profesionales de la Guardia Civil han demandado históricamente la declaración de la región como Zona de Especial Singularidad (ZES), lo que implicaría un complemento mensual de hasta 600 euros. No obstante, la Dirección General ha optado por la vía de la promoción profesional y el arraigo ante la actual situación de las plantillas.

La implementación de este derecho preferente se produce en un contexto de reestructuración de la presencia del Instituto Armado en el territorio catalán. Recientemente, se ha procedido a la supresión de unidades específicas, como el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de L’Estartit (Gerona), cuyos efectivos se han integrado en la base de Barcelona. Desde la Dirección General se justifica esta reorganización por razones de operatividad y optimización de recursos humanos ante la falta de voluntarios para cubrir dichas plazas.

Asimismo, el cambio normativo coincide con el proceso de transferencia de competencias en favor de los Mossos d’Esquadra. Acuerdos recientes entre el Gobierno central y la Generalitat han derivado en la cesión de funciones relacionadas con la seguridad en puertos y aeropuertos, así como en la investigación de delitos medioambientales, competencias que anteriormente desempeñaba de forma mayoritaria la Guardia Civil a través de unidades como el Seprona.

Con esta medida, el Ministerio del Interior pretende frenar la pérdida de efectivos en Cataluña y asegurar la operatividad de las unidades que aún mantienen competencias exclusivas del Estado, como el control de fronteras y la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado, mientras se gestiona el incremento previsto de la plantilla de la policía autonómica catalana hasta los 25.000 efectivos para el año 2030.