El CGPJ estudia la apertura de un expediente sancionador al juez Juan Carlos Peinado

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se reúne este lunes, a partir de las 9:00 horas, para analizar la posible apertura de un expediente disciplinario al magistrado Juan Carlos Peinado. El órgano de gobierno de los jueces evaluará si las afirmaciones vertidas por el instructor en un reciente auto sobre la investigación a Begoña Gómez constituyen una infracción administrativa.

El encuentro, de carácter presencial en la sede del organismo, fue impulsado por la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló. Aunque la reunión estaba inicialmente prevista para la jornada del domingo, la presidencia optó por aplazar la deliberación hasta hoy con el objetivo de facilitar un debate exhaustivo entre los vocales sobre la naturaleza de las declaraciones del magistrado.

El expediente bajo estudio se fundamenta en una presunta falta grave de consideración respecto a los funcionarios de la Policía Judicial, tipificada en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). La controversia técnica surge del contenido del auto judicial donde Peinado señala que «no cabe duda» de que los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que integran la escolta de Gómez podrían, por iniciativa propia o siguiendo órdenes, colaborar en acciones destinadas a facilitar una fuga.

Esta valoración del magistrado motivó una reacción institucional por parte del Poder Ejecutivo. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, remitió el pasado sábado una queja formal al CGPJ solicitando la adopción de las medidas procedentes. En su escrito, el titular de Interior calificó de graves las insinuaciones sobre el comportamiento de los agentes encargados de la protección de la investigada.

Por otro lado, el debate en el seno de la Comisión Permanente se produce en un contexto de división de opiniones en el sector jurídico. Mientras fuentes gubernamentales y del propio CGPJ ven indicios de extralimitación en el lenguaje judicial utilizado por Peinado, organizaciones como Iustitia Europa han advertido de que la apertura de un expediente sancionador en este momento procesal podría interpretarse como una vulneración a la independencia judicial.

La decisión que adopte este lunes la Comisión Permanente será determinante para marcar el cauce administrativo de la queja y establecer si existe base jurídica suficiente para elevar el caso al Promotor de la Acción Disciplinaria, órgano encargado de instruir formalmente las posibles sanciones a miembros de la carrera judicial.