El Gobierno vincula la nueva citación judicial de Begoña Gómez con la actividad parlamentaria del presidente
Fuentes del Ejecutivo han expresado su rechazo ante la reciente decisión del juez de instrucción Juan Carlos Peinado de citar a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, el mismo día en que Pedro Sánchez debe comparecer ante el Pleno del Congreso de los Diputados. La diligencia judicial está programada para este miércoles 24 de junio a las 18:00 horas, coincidiendo con la jornada en la que el jefe del Ejecutivo informará a la Cámara sobre diversos procesos judiciales que afectan a su formación política.
El magistrado Peinado ha requerido la presencia de Gómez para proceder a la entrega de su pasaporte, una medida cautelar adoptada tras la resolución de remitir la causa a juicio con jurado popular. Desde el Palacio de la Moncloa se ha calificado esta coincidencia temporal como una «persecución y desproporción», sosteniendo que la instrucción judicial carece de sentido jurídico y responde a criterios políticos.
De forma paralela, Pedro Sánchez iniciará su intervención en la Cámara Baja a las 9:00 horas del mismo miércoles. El presidente acude al Congreso para dar explicaciones sobre las presuntas tramas de corrupción que afectan al entorno del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y al Gobierno. Entre los asuntos a tratar figura la situación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el marco del caso Plus Ultra, donde se investiga una presunta red de tráfico de influencias.
Durante la sesión parlamentaria, el secretario general del PSOE también deberá rendir cuentas sobre las novedades del caso Leire Díez. Según las últimas informaciones, las pesquisas apuntan a una presunta trama organizada por la exmilitante y el secretario de Organización del partido, Santos Cerdán, con el objetivo de interferir en causas judiciales que afectan a la formación socialista.
La comparecencia se produce en un clima de alta tensión institucional, marcado por el hallazgo de activos de valor sustancial en dependencias vinculadas a exdirigentes y la investigación de redes de influencias económicas. Mientras el Gobierno insiste en la existencia de una campaña de acoso judicial, los grupos de la oposición han intensificado sus críticas tras conocerse las últimas medidas cautelares impuestas a Begoña Gómez.
