La Comisión Permanente del CGPJ se divide ante la apertura de un expediente disciplinario al juez Peinado

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado proponer la apertura de un expediente disciplinario al magistrado Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid. La decisión, adoptada mediante el voto de calidad de la presidenta Isabel Perelló tras un empate técnico de cuatro votos a favor y cuatro en contra, ha generado una fractura interna en el órgano de gobierno de los jueces, manifestada a través de un duro voto particular suscrito por el bloque conservador.

La propuesta de sanción, que ahora se remite al Promotor de la Acción Disciplinaria, se fundamenta en una presunta falta de consideración hacia la Policía Nacional. El origen de la controversia reside en un auto judicial donde el magistrado sugería que el despliegue de seguridad que acompaña a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, podría ser utilizado para facilitar una eventual sustracción a la justicia. La mayoría de la Comisión considera que dichas expresiones podrían contravenir el artículo 418.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).

Frente a esta resolución, los vocales Alejandro Abascal, José Eduardo Martínez Mediavilla, José Carlos Orga Larrés e Isabel Revuelta de Rojas han formalizado su discrepancia. En su escrito, los cuatro vocales del sector conservador sostienen que las expresiones cuestionadas forman parte de la motivación de una resolución judicial y, por tanto, se encuentran amparadas por la función jurisdiccional. Según su criterio, cualquier exceso en la argumentación de un juez debe ser corregido mediante los recursos ordinarios ante instancias superiores y no por la vía disciplinaria del Consejo.

El voto particular fundamenta su postura en la jurisprudencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, citando específicamente una sentencia de julio de 2024. Los vocales advierten que la intervención del CGPJ en este ámbito podría suponer una injerencia en la independencia judicial. Argumentan que el juicio revisor sobre si una motivación es insuficiente o desacertada es competencia exclusiva de la Audiencia Provincial de Madrid y no de un órgano administrativo-gubernativo.

Finalmente, los firmantes del voto particular alertan sobre la gravedad institucional de la medida, señalando que el acuerdo adoptado por la mayoría encabezada por Perelló podría afectar a los principios constitucionales de exclusividad de la jurisdicción. Esta situación marca el primer gran desencuentro en el seno del nuevo Consejo tras la renovación de sus cargos, evidenciando la tensión técnica y jurídica en torno a los procedimientos que afectan al entorno de la Presidencia del Gobierno.