El Tribunal Supremo condena a 24 años de prisión a José Luis Ábalos por el caso de las mascarillas
El Tribunal Supremo ha dictado sentencia este lunes contra el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y su antiguo asesor, Koldo García, por su implicación en la trama de comisiones ilegales vinculada a la adjudicación de contratos de mascarillas durante el inicio de la pandemia. Los magistrados han impuesto una pena de 24 años de prisión para el ex secretario de Organización del PSOE y 19 años y ocho meses para García, quienes permanecen en prisión preventiva desde el pasado 27 de noviembre.
La resolución judicial, cuyo fallo se ha adelantado a la publicación de la sentencia completa, sitúa las penas ligeramente por debajo de las peticiones iniciales de la Fiscalía, que solicitaba 24 años para Ábalos y 19 años y medio para su asesor. Por su parte, el empresario Víctor de Aldama ha sido condenado a cuatro años de prisión, aunque no ingresará en el centro penitenciario al habérsele aplicado una atenuante muy cualificada por su colaboración en el esclarecimiento de los hechos.
Los tres procesados han sido hallados culpables de siete delitos: integración en organización criminal, cohecho continuado, tráfico de influencias, malversación, falsedad documental, prevaricación y aprovechamiento de información privilegiada. El tribunal considera probado que la empresa Soluciones de Gestión, que carecía de actividad previa en el sector sanitario, facturó 53,1 millones de euros en 2020 gracias a adjudicaciones directas de entes dependientes del Ministerio de Transportes, el Ministerio del Interior y los gobiernos de Canarias y Baleares.
Según el relato de los hechos ratificado por la Sala, la adjudicación de estos contratos se produjo a cambio de compensaciones económicas. La Fiscalía sostuvo durante el juicio que Aldama, quien reconoció haber obtenido un beneficio de 6,6 millones de euros, entregaba mensualmente 10.000 euros en efectivo al exministro y a su asesor. Además, la trama financió estancias en viviendas de lujo en Marbella y Sotogrande, y sufragó los gastos de alquiler de la entonces pareja de Ábalos, sumando más de 80.000 euros en un periodo de tres años.
La investigación liderada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil reveló que la selección de la empresa beneficiaria se realizó desde el Ministerio de Transportes incluso antes de que se publicaran oficialmente las necesidades de suministro sanitario. El tribunal ha destacado que Ábalos llegó a duplicar el pedido de mascarillas para Puertos del Estado en apenas 38 minutos, tras recibir una comunicación de la empresa advirtiendo que la oferta era de «todo o nada», descartando opciones más económicas y rápidas procedentes de China.
Asimismo, la condena abarca la promoción de contrataciones irregulares en empresas públicas como Ineco, Tragsatec y Logirail para personas del entorno personal del exministro, quienes percibieron salarios públicos sin desempeñar funciones efectivas entre los años 2019 y 2024. El importe de estos salarios devengados de forma irregular asciende a casi 44.000 euros en algunos de los casos analizados.
El proceso judicial, que se inició tras una querella de la Fiscalía Anticorrupción en la Audiencia Nacional, fue derivado al Tribunal Supremo en octubre de 2024 debido a la condición de aforado que Ábalos mantenía en aquel momento como diputado. El exministro, que fue apartado del PSOE tras estallar el caso el pasado mes de febrero, prestó declaración voluntaria en diciembre de 2024 negando cualquier irregularidad, antes de que el instructor propusiera finalmente su enjuiciamiento.
Aunque el juicio principal por el suministro de material sanitario ha concluido con este fallo, la Audiencia Nacional mantiene abierta una pieza separada por el presunto amaño de otros contratos públicos a cambio de comisiones. En esta causa paralela figuran como investigados, además de los ahora condenados, diversos empresarios y otros cargos vinculados a la estructura organizativa del partido en el periodo investigado.
