Educación reclama a la EHU una explicación transparente ante la anomalía en las calificaciones de euskera de la PAU
La consejera de Educación del Gobierno Vasco, Begoña Pedrosa, ha comparecido ante la Comisión de Cultura, Euskera y Deporte del Parlamento Vasco para analizar los polémicos resultados del examen de Lengua Vasca y Literatura en la última Prueba de Acceso a la Universidad (PAU). Pedrosa ha revelado que casi el 47% de los 168 ceros registrados en esta materia corresponden a ejercicios corregidos por un único evaluador, una circunstancia que ha calificado como estadísticamente atípica y que requiere una respuesta fundamentada por parte del Rectorado de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU).
Durante su intervención, la consejera ha detallado que 108 de las 168 calificaciones de cero se concentraron en los tribunales 11 y 12, lo que representa el 64,3% del total de suspensos con esta nota mínima. El caso del tribunal 11 es el más reseñable, al aglutinar 80 ceros, lo que supone el 47,6% del total. Según los datos aportados, en dicho tribunal, todos los ejercicios calificados con cero, a excepción de uno, fueron evaluados por una única persona asignada a un tramo alfabético concreto, un hecho que según Pedrosa exige una explicación técnica inmediata.
La magnitud de la incidencia se refleja en las 1.778 solicitudes de revisión presentadas por los estudiantes, lo que equivale a que aproximadamente uno de cada siete alumnos presentados a esta materia ha impugnado su resultado. La consejera ha afirmado que la inquietud de las familias no es infundada, señalando que los datos contienen elementos objetivos que justifican la petición de aclaraciones, ya que no se trata de una variabilidad ordinaria de los resultados, sino de una desviación que afecta a la seguridad jurídica del proceso.
Respecto a las competencias institucionales, Pedrosa ha aclarado que la gestión operativa de la PAU corresponde exclusivamente a la Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU). El Departamento de Educación ejerce funciones de seguimiento y exigencia de garantías, pero no tiene potestad para corregir exámenes ni sustituir decisiones técnicas de los tribunales. No obstante, la consejera ha lamentado que la información trasladada por los cauces formales de la universidad ha sido limitada en contenido y plazos, y ha criticado la ausencia de una comunicación previa sobre la incidencia detectada.
Para evitar la repetición de estos hechos, el Gobierno Vasco ha propuesto avanzar en líneas de mejora que incluyen la publicación de la composición de los tribunales y el diseño de un reglamento interno más preciso para la Comisión Organizadora. Asimismo, Pedrosa ha planteado la necesidad de establecer fórmulas de distribución más equilibradas del alumnado entre los evaluadores para reducir riesgos de concentración de resultados que puedan generar percepciones de desigualdad en el sistema.
Finalmente, la responsable de Educación ha subrayado la importancia de desvincular este problema de gestión del valor del euskera en la sociedad. Pedrosa ha defendido que el análisis se centra exclusivamente en las garantías técnicas y jurídicas de una prueba concreta y no en la relevancia de la asignatura. En este sentido, ha remarcado que la protección del alumnado exige que la evaluación del ámbito de la lengua vasca sea rigurosa, transparente y homologable a cualquier otro proceso de examen público.
