La FAVS interpone una denuncia por presunto delito de odio contra el portero del CE Sabadell

La Federación de Asociaciones Vecinales de Sabadell (FAVS) ha formalizado una denuncia ante los juzgados contra el guardameta del Centre d’Esports Sabadell, Diego Fuoli, por la presunta comisión de un delito de odio. La acción judicial se fundamenta en los hechos ocurridos durante la celebración institucional del ascenso del club a Segunda División, en la que el deportista habría incitado a los asistentes a proferir insultos contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Según el escrito presentado por la entidad vecinal y confirmado por fuentes jurídicas, los acontecimientos tuvieron lugar el pasado 20 de junio en el balcón del Ayuntamiento de Sabadell. Durante el acto oficial, Fuoli habría instado a la afición congregada en la plaza de Sant Roc a completar una expresión de carácter ofensivo dirigida al jefe del Ejecutivo, lo que provocó que una parte del público coreara insultos de forma coordinada.

La FAVS considera que este comportamiento trasciende la celebración deportiva y podría ser constitutivo de una infracción penal. En su argumentación, la federación sostiene que la actitud del guardameta empañó un acto de carácter público e institucional, utilizando un espacio de representación ciudadana para promover el menosprecio hacia una autoridad del Estado.

Además de la vía judicial, la organización vecinal ha impulsado otras medidas administrativas y corporativas. Por un lado, ha registrado una instancia ante el consistorio de Sabadell solicitando que se estudie formalmente la declaración de Diego Fuoli como «persona non grata» en el municipio, alegando que su conducta no se ajusta a los valores de convivencia de la ciudad.

Por otro lado, la federación ha remitido una petición oficial a la directiva del Centre d’Esports Sabadell para la apertura inmediata de un expediente disciplinario. La FAVS demanda que el club tome medidas «contundentes» contra el futbolista, al considerar necesario proteger la imagen de la institución deportiva frente a actuaciones que consideran contrarias al respeto y a la neutralidad política en actos oficiales.

Hasta el momento, el club y el jugador no han emitido una valoración oficial detallada sobre la interposición de esta denuncia judicial, que traslada el foco de la actualidad deportiva local al ámbito del derecho penal y la convivencia ciudadana.