La Audiencia Provincial de Madrid confirma la legalidad del acuerdo entre LaLiga y el fondo CVC

La Audiencia Provincial de Madrid ha desestimado íntegramente el recurso de apelación interpuesto por el Athletic Club y el Real Madrid CF contra la sentencia que avalaba el acuerdo entre LaLiga y el fondo de capital riesgo CVC. Con esta resolución, la justicia ratifica la validez de los acuerdos adoptados en la Asamblea General Extraordinaria del 10 de diciembre de 2021, consolidando la estructura financiera y operativa del proyecto estratégico conocido como LaLiga Impulso.

El fallo judicial confirma la sentencia previa dictada por la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Madrid el 19 de febrero de 2024. La resolución subraya que la operación no constituye una cesión de los derechos audiovisuales a favor de CVC, sino que los clubes mantienen la titularidad de los mismos. La comercialización conjunta, según el tribunal, se ajusta a las atribuciones legales conferidas a la patronal de los clubes de fútbol profesional en España.

La sentencia detalla que la aportación financiera de CVC se articula a través de un contrato de cuentas en participación. Este mecanismo tiene como objetivo principal la financiación de los clubes asociados, la mejora de la competición y la optimización de los resultados derivados de la gestión de los derechos de televisión. Asimismo, el tribunal descarta que los clubes que no se adhirieron al pacto sufran perjuicio económico alguno, garantizando la neutralidad económica para las entidades disidentes.

En este sentido, la Sala destaca que los clubes no adheridos no deben asumir los gastos derivados de la operación y que cualquier riesgo de impago corresponde exclusivamente a las entidades que suscribieron el acuerdo. Esta precisión técnica desarticula uno de los argumentos centrales de la demanda presentada por el Real Madrid y el Athletic Club sobre la supuesta asunción de costes por parte de terceros ajenos al pacto.

Respecto a las quejas sobre una supuesta falta de transparencia, la Audiencia Provincial considera acreditado que LaLiga proporcionó la documentación necesaria a todos sus miembros. La sala señala que los clubes contaron con información suficiente, acceso a reuniones aclaratorias y la posibilidad de revisar datos adicionales con sus propios asesores antes de tomar una decisión fundada en el seno de la Asamblea.

En cuanto a la creación de la sociedad filial LGI, el tribunal concluye que esta acción forma parte de la capacidad de autoorganización de LaLiga. El fallo resalta que la patronal conserva el control operativo sobre esta entidad al poseer más del 91 por ciento del capital social y mantener el derecho a designar a la mayoría de sus consejeros, lo que garantiza que no se han vaciado las funciones esenciales de gestión y organización de la competición nacional.

Desde LaLiga han valorado positivamente el dictamen, señalando que este nuevo respaldo judicial refuerza la seguridad jurídica de sus acuerdos estratégicos. Según la organización, la sentencia confirma la corrección jurídica de una operación diseñada para fortalecer el fútbol profesional español, apoyar a las estructuras de los clubes y maximizar el valor de los derechos audiovisuales en el mercado global.