La UDEF aprecia indicios de malversación de ocho millones de euros en la construcción de un centro comercial en Melilla
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha remitido un informe al Juzgado de Melilla en el que señala presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos vinculados a la construcción del centro comercial Parque Murias. Según el documento policial, el perjuicio económico para las arcas públicas se estima entre los siete y los ocho millones de euros, derivados de supuestas irregularidades en la gestión de los terrenos y la elusión de impuestos locales.
La investigación tiene su origen en una pieza separada del denominado caso Santiago-Rusadir, que instruye la presunta compra de votos por correo en las elecciones municipales de 2023. Durante un registro efectuado en marzo de 2024 en el domicilio de un empresario local, los agentes intervinieron un documento manuscrito titulado «Operación Valenzuela». Este esquema detallaría una serie de movimientos para la adquisición de terrenos al Ministerio de Defensa, situados en la Carretera Cuartel de Valenzuela, donde finalmente se inauguró el complejo comercial en noviembre de 2017.
El informe de la UDEF, apoyado en información de una fuente confidencial, apunta a una presunta modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la Ciudad Autónoma para beneficiar a las empresas licitadoras en una subasta pública. El objetivo de esta operativa habría sido la obtención de beneficios económicos sustanciales mediante la elusión del pago de impuestos locales. Los investigadores señalan que el destino final de estas cuantías defraudadas podría situarse en cuentas radicadas en Gibraltar.
Ante la gravedad de los indicios, la magistrada del tribunal melillense ha acordado deducir testimonio por estos hechos, separando esta línea de investigación de la trama de fraude electoral original. El auto judicial, fechado el pasado 7 de mayo, destaca la relevancia del documento intervenido y la concordancia con la información aportada por la fuente confidencial sobre el presunto fraude en la gestión del suelo que fue cedido originalmente por Defensa a la Ciudad Autónoma.
Por su parte, el Gobierno de Melilla ha emitido un comunicado oficial desmintiendo categóricamente las conclusiones policiales. La administración local sostiene que el informe de la UDEF «no se corresponde con la realidad administrativa ni con los hechos efectivamente acontecidos» y critica la falta de rigor técnico y jurídico del documento. Asimismo, el Ejecutivo autonómico subraya que no se ha contrastado la información con la administración antes de su remisión judicial.
El gabinete presidido por el Partido Popular defiende su gestión asegurando que fue la propia Ciudad Autónoma la que puso en conocimiento de la Fiscalía los incumplimientos de autodeclaración del Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación (IPSI) por parte de determinados locales comerciales. En este sentido, el Gobierno local ha anunciado que emprenderá acciones legales contra los responsables de la elaboración y filtración de estas informaciones por considerar que atentan contra el honor y la reputación de la institución y sus empleados públicos.
