Denuncian el uso de fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género en actividades ajenas a la protección de víctimas
La Alianza Contra el Borrado de las Mujeres ha presentado un informe detallado que documenta cerca de 200 casos de presunta utilización irregular de fondos públicos procedentes del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Según la organización, que agrupa a centenares de colectivos feministas, partidas presupuestarias destinadas originalmente a la protección, prevención y atención de víctimas estarían siendo derivadas por ayuntamientos y comunidades autónomas para financiar actividades lúdicas, talleres de ocio y eventos de carácter recreativo.
El escrutinio realizado por la plataforma identifica una serie de gastos sufragados con estos fondos que, a su juicio, no cumplen con los criterios de excepcionalidad y finalidad que exige la normativa. Entre las actividades señaladas se encuentran cursos de oratoria, talleres de maquillaje y cocina, masterclasses de zumba, carreras de tacones, conciertos tributo y torneos deportivos. La Alianza sostiene que estas iniciativas «no son objeto de ninguna medida financiable» bajo los objetivos del Pacto de Estado, el cual debe priorizar la seguridad de las mujeres.
Ante las primeras quejas presentadas en abril de 2024, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, manifestó por escrito su compromiso de identificar los usos indebidos de estos recursos. En la misiva ministerial se condenaban aquellas acciones que «banalicen las políticas públicas destinadas a erradicar la violencia de género». Sin embargo, los colectivos denunciantes afirman que la tendencia persiste, incorporando en las últimas semanas nuevos casos relacionados con talleres de mandalas, bancos decorativos y comedias teatrales, a pesar de la fiscalización prometida por el gabinete.
En el marco de la Conferencia Sectorial de Igualdad, el Ministerio acordó el pasado mes de abril el reparto de 160 millones de euros entre las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla. Esta cifra se integra en una dotación anual para el Pacto de Estado que ronda los 280 millones de euros, presupuesto que se gestiona de manera independiente a los 511,5 millones de euros asignados al presupuesto ordinario del Ministerio de Igualdad para el presente ejercicio.
La controversia sobre la gestión de los fondos coincide con una etapa de especial preocupación por la eficacia del sistema de protección. Según los datos registrados en lo que va de año, el 37,5% de las mujeres asesinadas —9 de las 24 víctimas— habían interpuesto denuncias previas contra sus agresores. Se trata del porcentaje más alto registrado hasta la fecha, lo que ha llevado a expertos jurídicos y organizaciones sociales a señalar un posible «fallo institucional» en la aplicación de los recursos técnicos y económicos.
Desde la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres se insiste en que el presupuesto debe concentrarse en su integridad en la protección directa de las víctimas. La plataforma critica que, mientras los indicadores de riesgo muestran lagunas en el acompañamiento y seguridad de las denunciantes, la inversión pública se disperse en actividades que consideran intrascendentes para la erradicación de la violencia machista.
