El Grupo Popular anuncia una querella por el presunto «chivatazo» en el registro del Ayuntamiento de Soria
La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla y León, Leticia García, ha anunciado este jueves la presentación de una querella judicial para investigar el origen de una presunta filtración sobre el registro policial realizado el pasado martes en el Ayuntamiento de Soria. La operación, vinculada a una investigación por supuestas irregularidades en el consistorio, concluyó con la detención de la concejala Yolanda Santos y otras seis personas.
La decisión de la formación popular surge tras las declaraciones del alcalde de Soria, Javier Antón, quien admitió ante los grupos municipales haber tenido conocimiento previo de que el operativo de registro se iba a llevar a cabo. Según ha manifestado García, es imperativo esclarecer las circunstancias de esta «filtración, chivatazo, aviso o advertencia» para determinar quién, cómo y cuándo trasladó la información de una causa bajo investigación.
García ha calificado la situación de «gravísima e inquietante», sugiriendo que las explicaciones ofrecidas por el PSOE hasta el momento han sido insuficientes. La portavoz ha subrayado la necesidad de investigar si hubo alguna comunicación previa desde estamentos gubernamentales o de la cúpula del Partido Socialista hacia los responsables municipales antes de que se ejecutaran las diligencias judiciales.
Además de interponer esta nueva querella, el Partido Popular ha confirmado que se personará en la causa principal ya iniciada sobre las presuntas irregularidades en el Ayuntamiento de Soria. Con esta medida, el grupo busca asegurar que se esclarezcan los hechos en beneficio de la transparencia institucional y de la confianza de los ciudadanos en los procesos administrativos y judiciales.
Esta acción legal se produce de forma paralela a la querella presentada el miércoles por Vox en los juzgados de Soria. Dicha formación solicita que se investigue un posible delito de revelación de secretos e informaciones por parte de autoridad o funcionario público. En su escrito, Vox pide determinar la identidad de quienes conocían la fecha del operativo policial y menciona específicamente el papel que haya podido tener el secretario autonómico del PSOE y portavoz parlamentario, Carlos Martínez.
En cuanto al estado de la causa, la concejala Yolanda Santos ha quedado en libertad tras prestar declaración ante el juez competente. Por su parte, el Grupo Popular ha reiterado que su iniciativa jurídica es independiente a la de otros grupos y responde a la gravedad de los hechos reconocidos por la propia alcaldía soriana.
El proceso judicial deberá ahora determinar si el conocimiento anticipado del registro constituyó una infracción penal y si este hecho pudo comprometer la efectividad de las actuaciones policiales desarrolladas en la sede municipal.
