El juez del caso Plus Ultra ordena investigar las filtraciones de los chats de Zapatero

El magistrado de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, instructor del denominado caso Plus Ultra, ha acordado la apertura de una investigación para determinar el origen y la responsabilidad de las filtraciones de las comunicaciones privadas entre el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y su secretaria, Gertrudis Alcázar. El juez considera que estos hechos revisten una especial gravedad y podrían ser constitutivos de delitos de revelación de actuaciones reservadas.

A través de un auto judicial, Calama ha ordenado deducir testimonio a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid. Esta decisión responde a la difusión en diversos medios de comunicación del contenido íntegro de los anexos de un informe elaborado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), el cual incluía mensajería privada del exjefe del Ejecutivo durante el periodo objeto de la instrucción.

Como medida de protección para preservar la integridad de la causa, el magistrado ha dispuesto la creación de una pieza separada denominada de «información sensible». En este apartado se custodiarán las grabaciones audiovisuales de las declaraciones de testigos e investigados, restringiendo su acceso exclusivamente al órgano judicial y al Ministerio Fiscal, con el fin de evitar nuevas difusiones no autorizadas de materiales confidenciales.

La controversia judicial se originó tras la presentación del último atestado de la UDEF, que analiza presuntas gestiones del expresidente ante el Gobierno de Bolivia en relación con una empresa de origen peruano. El informe policial incorporó carpetas con anexos que contenían la agenda y mensajes personales del exlíder socialista, datos que el instructor califica como «incompatibles con su publicación indiscriminada» por afectar a la esfera privada.

En su resolución, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 advierte que se han producido filtraciones «constantes e inmediatas», que vulneran de forma palmaria el deber de reserva inherente al secreto externo de las actuaciones. Calama subraya que estos hechos no solo comprometen el proceso judicial, sino que podrían derivar en responsabilidades penales, disciplinarias o profesionales para los responsables de la custodia de dicha información.

Por su parte, el entorno del expresidente Zapatero ha manifestado que se encuentra estudiando el inicio de acciones legales ante la difusión de su agenda personal y datos de carácter sensible, al considerar que se ha producido una vulneración de sus derechos fundamentales en el marco de esta investigación judicial.