La oposición boliviana impulsa una comisión legislativa para investigar presunto tráfico de influencias de Rodríguez Zapatero

La alianza Libre, principal fuerza de oposición en el Parlamento de Bolivia, ha anunciado que promoverá la creación de comisiones legislativas con el objetivo de investigar la presunta influencia ejercida por el expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, en favor del conglomerado peruano Grupo Gloria. La iniciativa surge tras los recientes informes de la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF) de la Policía Nacional de España, que señalan un posible esquema de intermediación a cambio de beneficios económicos.

El senador José Ormachea informó este jueves que la bancada opositora solicitará formalmente a la presidencia de la Cámara de Senadores la apertura de una comisión especial de investigación. Según el legislador, la medida es necesaria debido a la relevancia internacional del caso y la mención directa de autoridades bolivianas en las pesquisas que se llevan a cabo en España dentro del marco del denominado «caso Plus Ultra».

De acuerdo con las declaraciones de Ormachea, la labor parlamentaria busca indagar a todos los actores mencionados en el informe de la UDEF para elaborar un documento oficial que sea remitido al Ministerio Público boliviano. Asimismo, se pretende que los hallazgos de esta comisión puedan servir como base de colaboración para las autoridades judiciales españolas que investigan el presunto cobro de 200.000 euros por gestiones de influencia.

Por su parte, la diputada Lissa Claros adelantó que la bancada también requerirá informes detallados a la Cancillería y a la Dirección General de Migración sobre el registro de visitas de Rodríguez Zapatero al territorio boliviano. Claros enfatizó la necesidad de esclarecer si existió algún tipo de manipulación o injerencia destinada a favorecer fallos judiciales específicos dentro del sistema de justicia del país.

La base de estas acciones legislativas reside en un informe policial español que incluye más de 1.000 páginas de anexos, entre los que destacan conversaciones de mensajería instantánea entre el expresidente español y su entorno cercano. En dichos registros se mencionan gestiones ante figuras destacadas de la administración estatal de Bolivia durante el periodo 2020-2025.

Entre los nombres citados en la documentación remitida desde España figuran exministros de Estado, el entonces procurador general y la exembajadora de Bolivia en España, Carmen Almendras, a quien el reporte policial atribuye un papel de intermediación entre el político español y la dirección del Grupo Gloria. La oposición sostiene que es deber del Legislativo fiscalizar estos indicios para evitar que posibles actos de corrupción queden impunes.

Finalmente, los representantes de la alianza Libre han exhortado a la Fiscalía General del Estado a iniciar acciones de oficio ante la gravedad de las denuncias, subrayando que la transparencia institucional debe prevalecer sobre las afinidades políticas que Zapatero mantuvo con las administraciones del Movimiento al Socialismo (MAS).