Exjefes de la UCO declaran ante el juez Pedraz haber recibido indicaciones de «ponerse de perfil» en investigaciones políticas
Rafael Yuste y Alfonso López Malo, quienes estuvieron al frente de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, han testificado este viernes ante el magistrado de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz. Según fuentes jurídicas presentes en la declaración, los mandos confirmaron haber recibido directrices para limitar la proactividad de la unidad en pesquisas que afectaban a figuras políticas, citando específicamente el caso de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.
El interrogatorio, enmarcado en la instrucción del denominado ‘caso Leire Díez’, se centró en las instrucciones recibidas para que la UCO delegara la iniciativa de las investigaciones en la autoridad judicial. Según el testimonio de los exjefes de la unidad operativa, la consigna de «ponerse de perfil» buscaba evitar que los agentes mantuvieran una actitud proactiva en causas con implicaciones para partidos políticos.
Respecto a la investigación que afecta a David Sánchez en un juzgado de Badajoz, Yuste aludió a una reunión celebrada el 12 de julio de 2024. En dicho encuentro, el entonces director general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, habría calificado de «totalmente prospectivo y malintencionado» un oficio de solicitud efectuado por la UCO. De acuerdo con el relato judicial, se instó a la unidad a elaborar un informe definitivo en un plazo de una semana bajo la premisa de que «no hubiera nada» en el análisis.
La sesión ante el juez Pedraz también contó con la comparecencia de los instructores de tres informaciones reservadas abiertas a agentes de la UCO. El general Antonio Cortés y el jefe del Estado Mayor explicaron que dos de estos expedientes se cerraron sin determinar responsabilidades administrativas. Una tercera investigación, referida a una presunta filtración de mensajes entre el exministro José Luis Ábalos y Pedro Sánchez, no llegó a tramitarse tras una consulta con el magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente.
En cuanto al papel de la actual dirección del cuerpo, las fuentes señalan que la directora general, Mercedes González, mantuvo una reunión en mayo de 2025 con la jefatura de la UCO. En dicho encuentro, González trasladó el apoyo de la institución a la unidad tras la polémica por unos audios relativos a un mando operativo. La directora ya reconoció anteriormente en sede parlamentaria que conocía a Leire Díez y que se había reunido con ella en diversas ocasiones.
Finalmente, el sumario recoge el testimonio del secretario del Director Adjunto Operativo (DAO), quien manifestó que los exjefes de la unidad modificaron su versión inicial durante el proceso. Según este testimonio, aunque en un principio negaron presiones de la cúpula, posteriormente admitieron ante agentes de la propia UCO haber sentido condicionamientos externos en el desarrollo de las investigaciones judiciales bajo su cargo.
