Vox presenta su plan de desregulación nacional para reducir el gasto público en 90.000 millones de euros
La formación liderada por Santiago Abascal ha presentado este sábado, en el marco de su Asamblea General Ordinaria, un programa de desregulación institucional destinado a simplificar la estructura del Estado y eliminar lo que denominan como «hiperregulación». Según los cálculos técnicos de la formación, el exceso de normativa vigente supone un coste anual de 90.000 millones de euros, cifra que el partido equipara al 88% del gasto sanitario público en España o a la construcción de 800.000 viviendas protegidas.
Bajo el lema «¡Al grano!, una vida más fácil», Vox sitúa la reducción de la burocracia como el nuevo eje central de su estrategia política de cara al próximo ciclo electoral, vinculándolo directamente a su concepto de «prioridad nacional». La propuesta busca dinamizar la iniciativa privada mediante la supresión de trabas administrativas en cuatro áreas estratégicas: empresa y trabajo, energía, industria y el sector primario. Como medida de control legislativo, el partido propone que cualquier nueva norma que se tramite deba identificar obligatoriamente tres leyes vigentes que quedarán derogadas de forma simultánea.
En el ámbito legislativo nacional, el plan contempla la derogación de la actual Reforma Laboral (Real Decreto-ley 32/2021) y de la obligatoriedad del registro horario universal. Asimismo, la formación aboga por la supresión de lo que califica como «burocracia ideológica», incluyendo la obligatoriedad de los planes de igualdad en las empresas, los planes LGTBI, los protocolos de desconexión digital y la Ley por el Derecho a la Vivienda. El objetivo declarado es reducir las cargas operativas para las empresas, especialmente aquellas que superan el umbral de los 50 empleados.
La ofensiva desreguladora también pone el foco en la normativa climática y de sostenibilidad. El programa exige la derogación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, la Ley de Movilidad Sostenible y las regulaciones sobre el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. La formación sostiene que estas normativas limitan la soberanía energética de España y resta competitividad al tejido productivo, proponiendo en su lugar una flexibilización de la Ley de evaluación ambiental para eliminar duplicidades de informes.
A nivel internacional y comunitario, Vox se compromete a combatir el fenómeno del gold-plating —la práctica de añadir exigencias nacionales por encima de lo requerido por las directivas de Bruselas— y a solicitar la revisión de acuerdos comerciales con terceros países como Mercosur y Marruecos. El plan incluye la supresión de las medidas derivadas del Pacto Verde Europeo, la Directiva de eficiencia energética de edificios y la reversión de la prohibición de vender vehículos de combustión interna prevista para el año 2035.
Para canalizar las demandas de los ciudadanos y profesionales afectados por la carga administrativa, la formación ha habilitado un «buzón para la desregulación» en su página web oficial. Esta herramienta digital permitirá a los usuarios enviar sugerencias basadas en su experiencia personal para identificar normas que puedan ser simplificadas o eliminadas. Complementariamente, el programa incluye medidas de gestión administrativa directa, como el fin de la cita previa obligatoria y la creación de una base de datos centralizada para toda la Administración Pública.
Este programa de desregulación, que ya ha comenzado a implementarse en los pactos de gobierno autonómicos suscritos con el Partido Popular en regiones como Extremadura, Aragón y Castilla y León, se consolida ahora como la hoja de ruta nacional del partido para reducir el tamaño del Estado y las autonomías, presentándose como una alternativa frente al estancamiento económico que, según la formación, deriva del actual exceso legislativo.
