El juez Pedraz imputa a 25 personas por presuntas irregularidades en ayudas de la SEPI tras un hallazgo de la UCO en la sede del PSOE
El magistrado de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha acordado la imputación de 25 personas, entre las que figura la actual presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Belén Gualda, en el marco de una investigación sobre una presunta trama dedicada a influir en procedimientos judiciales y en la concesión de ayudas públicas. La decisión judicial se produce tras la entrega de un informe de la Fiscalía Anticorrupción que recoge el hallazgo, por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, de una agenda con anotaciones manuscritas en la sede nacional del PSOE en la calle Ferraz.
Según consta en el escrito del Ministerio Fiscal, la documentación intervenida contiene referencias directas a la compañía Tubos Reunidos y a las gestiones vinculadas con la autorización del aplazamiento de la amortización parcial anticipada de su deuda con el organismo público. Las investigaciones de la UCO apuntan a que el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, podría haber tenido conocimiento de las pretensiones de la empresa y de las gestiones realizadas por los investigados para facilitar la obtención de las autorizaciones administrativas correspondientes.
La causa penal se centra en las actividades del denominado grupo «Hirurok», presuntamente integrado por la exmilitante socialista Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso. Anticorrupción sostiene que este grupo habría llevado a cabo acciones tendentes al otorgamiento de una ayuda pública de 112,9 millones de euros para Tubos Reunidos. A cambio de estas gestiones, los implicados habrían percibido comisiones por valor de 114.950 euros a través de la empresa Mediaciones Martínez.
Los investigadores califican de «mendaces» las facturas emitidas bajo el concepto de prospección de mercados, al considerar que la verdadera motivación de los pagos eran las gestiones de influencia ante la SEPI. El informe de la Guardia Civil destaca además el papel de Vicente Fernández, quien habría facturado 40.000 euros por estas operativas. Los agentes sospechan que Fernández continuó actuando como presidente de facto de la SEPI tras su cese, asistiendo a reuniones en representación del organismo, accediendo a información interna y dictando instrucciones antes de que se nombrara a su sucesor.
El auto del Juzgado Central de Instrucción número 5 amplía el foco de las pesquisas a otras cuatro operaciones vinculadas con entidades de titularidad pública. El Ministerio Fiscal ha hallado indicios de irregularidades en contratos o ayudas relacionadas con Mercasa, Enusa, el Parque Empresarial Principado de Asturias y Forestalia. La instrucción busca determinar si existió una estructura organizada para desestabilizar procesos judiciales y obtener beneficios económicos mediante el acceso privilegiado a la administración pública.
Esta nueva fase del procedimiento judicial se fundamenta en las evidencias recabadas tras el requerimiento efectuado en la sede central del PSOE, donde la UCO intervino diversas pruebas que vinculan la actividad de la trama con el entorno de la formación política y la gestión de fondos públicos destinados a empresas en crisis durante la fase de recuperación económica.
