El Gobierno ratifica su confianza en la presidenta de la SEPI ante las diligencias de la Audiencia Nacional
El Gobierno de España ha manifestado su «toda la confianza» en la gestión de Belén Gualda al frente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), tras conocerse la decisión del magistrado Santiago Pedraz de incluir a la directiva en una investigación judicial. Fuentes gubernamentales han señalado que no existen elementos que comprometan la labor de Gualda y han puesto en valor el papel de la entidad pública en la salvaguarda de miles de puestos de trabajo durante la crisis sanitaria.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha citado a declarar a 25 personas en el marco de una causa que investiga presuntas maniobras para influir en procedimientos judiciales y administrativos. Entre las actuaciones bajo examen figura la concesión de un préstamo de 112,9 millones de euros a la empresa Tubos Reunidos, otorgado a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (Fasee), un mecanismo de ayuda pública activado durante la pandemia.
Desde el Ejecutivo han defendido la «integridad» de los profesionales que integran la SEPI y el «rigor» técnico de los expedientes tramitados por el Fasee. Según datos oficiales, este fondo de solvencia permitió garantizar la viabilidad de 30 empresas estratégicas y el mantenimiento de aproximadamente 62.000 empleos directos e indirectos en sectores clave de la economía nacional.
La defensa gubernamental de la gestión del fondo se apoya, asimismo, en los controles externos realizados hasta la fecha. El Gobierno recuerda que la Intervención General del Estado (IGAE) ha auditado la gestión del Fasee con resultados favorables en todos los ejercicios analizados. A nivel comunitario, la Comisión Europea avaló la normativa reguladora en julio de 2020, mientras que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea respaldó el régimen de ayudas en una sentencia firme emitida en junio de 2024.
En el ámbito nacional, el Tribunal de Cuentas publicó un informe el pasado 27 de septiembre de 2024 en el que determinó que la SEPI aplicó de manera adecuada la normativa vigente. El órgano fiscalizador concluyó que el organismo cumplió con los requisitos de elegibilidad y las condiciones de financiación establecidas para el acceso a los fondos públicos.
Finalmente, el Gobierno ha reiterado su respeto absoluto por las decisiones judiciales y ha garantizado su total colaboración con la justicia en el desarrollo de la instrucción. Las fuentes consultadas inciden en que la actuación de la SEPI en el expediente de Tubos Reunidos se ajustó a los procedimientos administrativos reglamentarios, bajo la supervisión de los organismos de control competentes.
