El juzgado cita a González Amador como testigo por la presunta difusión de datos de periodistas
Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, comparecerá este martes ante el Juzgado de Instrucción número 25 de Madrid en calidad de testigo. Su declaración se enmarca en la causa penal que investiga a Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso, por la presunta difusión de datos personales y una fotografía de dos periodistas en un canal de comunicación con profesionales de la información.
La magistrada instructora ha acordado esta diligencia a petición del PSOE, formación personada en el procedimiento como acusación popular. La resolución judicial considera que el testimonio de González Amador resulta «necesario, proporcional y pertinente» para determinar el origen exacto de la información difundida y esclarecer si los hechos constituyen un delito de revelación de secretos o una vulneración del derecho a la intimidad.
El foco de la investigación se centra en la cadena de transmisión de los datos personales de los dos informadores, quienes realizaban tareas de investigación periodística sobre el entorno de la presidenta autonómica. Durante su comparecencia como investigado, Miguel Ángel Rodríguez manifestó inicialmente que la imagen en cuestión le fue facilitada por un vecino del inmueble donde reside la mandataria, para posteriormente precisar que fue González Amador quien se la reenvió tras recibirla de dicho tercero.
A pesar de admitir la testifical de González Amador, la magistrada ha rechazado otras diligencias solicitadas por las acusaciones, como el análisis pericial del teléfono móvil de Rodríguez o el requerimiento de las comunicaciones privadas entre este y la pareja de la presidenta. El juzgado argumenta que tales medidas no resultan imprescindibles en este estadio del proceso para el esclarecimiento de los hechos investigados.
Por el momento, Miguel Ángel Rodríguez permanece como el único investigado en este procedimiento judicial. La instrucción trata de dilucidar si la divulgación de identidades y material gráfico de profesionales de la prensa, en el ejercicio de sus funciones, supone una infracción de la normativa de protección de datos y una extralimitación en el manejo de información sensible por parte de un cargo público.
