martes, junio 30, 2026
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Nacionalidad española para saharauis: el Congreso avanza

El Congreso avanza en la ley para conceder la nacionalidad española a los nacidos en el Sáhara Occidental

La ponencia de la proposición de ley destinada a otorgar la nacionalidad española a los ciudadanos nacidos en el Sáhara Occidental bajo administración de España ha superado este martes su fase de tramitación inicial tras el acuerdo alcanzado entre el PSOE, Sumar y los socios parlamentarios de izquierda. El texto ha sido avalado con el objetivo de que su aprobación definitiva se produzca durante el presente mes de julio, tanto en la Comisión de Justicia como en el Pleno del Congreso de los Diputados.

La iniciativa, impulsada originalmente por el grupo plurinacional Sumar, ha logrado reactivarse tras permanecer más de un año sin avances significativos. El acuerdo final integra una serie de enmiendas transaccionales pactadas entre las fuerzas gubernamentales, que han permitido desbloquear la redacción original. Según el calendario previsto, la Comisión de Justicia debatirá el dictamen en sesión pública el próximo 14 de julio, con la intención de que sea votado en el último pleno ordinario antes del receso estival, programado para el 23 de julio.

El núcleo de la normativa busca reconocer el derecho a la nacionalidad por carta de naturaleza a los saharauis y sus descendientes que residían en el territorio antes del 11 de agosto de 1976, fecha que marca el fin de la administración efectiva española. Sumar estima que esta medida podría afectar directamente a unas 50.000 personas. El procedimiento de acreditación se realizará mediante documentos oficiales como el DNI español (aunque esté caducado), el certificado de inscripción en el censo de la ONU para el referéndum del Sáhara Occidental, partidas de nacimiento, libros de familia o registros de escolarización y asistencia médica.

En el marco de las negociaciones, el PSOE ha rechazado la validez de los documentos emitidos por el Frente Polisario al no ser reconocido como autoridad oficial. No obstante, la ley contempla un beneficio adicional para los cerca de 300.000 migrantes saharauis que ya residen en España: estos podrán solicitar la nacionalidad tras acreditar dos años de residencia legal y continuada, equiparando sus derechos a los de los ciudadanos procedentes de Iberoamérica, sefardíes u otros antiguos territorios españoles, reduciendo significativamente el plazo de diez años que rige actualmente bajo el Estatuto de Apatridia.

Durante la votación en la ponencia, el texto ha contado con el respaldo del bloque de investidura, mientras que Junts se ha decantado por la abstención. Por su parte, el Partido Popular y Vox han votado en contra de la propuesta, quedando en minoría. La solicitud de nacionalidad no estará sujeta a tasas administrativas y los interesados dispondrán de un plazo de tres años, prorrogables, para iniciar el trámite una vez que la ley entre en vigor, seis meses después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Desde el grupo socialista, el ponente Artemi Rallo ha calificado la iniciativa como un acto de «reparación, justicia y solidaridad», recordando que se cumplen 50 años desde el abandono del territorio sin que muchos ciudadanos pudieran ejercer su derecho a la nacionalidad. Por su parte, representantes de Sumar como Enrique Santiago y Tesh Sidi han destacado que este es un paso trascendental para garantizar derechos laborales y civiles a una población que, hasta ahora, se encontraba en una situación de inseguridad jurídica prolongada.

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