El Grupo Popular solicita al Ministerio del Interior aclarar la contravigilancia a Leire Díez durante la investigación del caso SEPI
El Grupo Parlamentario Popular en el Senado ha registrado una batería de preguntas dirigidas al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, con el fin de que el Gobierno aclare por escrito la autorización de un dispositivo de contravigilancia sobre Leire Díez. La formación de la oposición cuestiona la idoneidad de este despliegue policial, que coincidió temporalmente con las investigaciones desarrolladas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la misma persona en el marco del caso SEPI.
La iniciativa parlamentaria busca determinar quién fue el responsable último de autorizar dicho servicio de seguridad y en qué informes técnicos o jurídicos se fundamentó la medida. El Partido Popular indaga, asimismo, si el Ministerio del Interior tenía conocimiento de que la UCO mantenía actuaciones y seguimientos activos sobre Díez en el momento en que se activó la vigilancia por parte de agentes de la Brigada Provincial de Madrid de la Policía Nacional.
En el texto de las preguntas registradas, el grupo parlamentario señala que la concurrencia de un equipo de contravigilancia y una investigación judicializada plantea dudas sobre la coherencia de las decisiones del departamento. Los populares califican el asunto de «gravedad institucional» y solicitan conocer si el Ejecutivo puede garantizar que estas labores policiales no interfirieron, de manera directa o indirecta, en las pesquisas de la Guardia Civil sobre la trama vinculada al caso SEPI.
La petición de explicaciones se produce tras la publicación de informaciones que apuntan a que el servicio de contravigilancia fue activado tras una solicitud de la propia Díez en junio de 2025. Este tipo de servicio especializado consiste en verificar si el sujeto está siendo objeto de seguimientos físicos o electrónicos por parte de terceros, lo que, según fuentes próximas a la investigación, podría haber alertado a la investigada sobre la presencia de los agentes de la UCO encargados de su custodia judicial.
Desde el Partido Popular se ha criticado la falta de transparencia en las explicaciones ofrecidas hasta la fecha por los responsables del Ministerio. Recuerdan que, tras declaraciones iniciales en las que se negaba cualquier tipo de protección para la excolaboradora, el departamento finalmente reconoció la existencia del dispositivo de contravigilancia. Por ello, la formación insta al Gobierno a fijar por escrito la secuencia de hechos y los criterios de valoración de riesgo que motivaron una medida de carácter excepcional.
El caso SEPI investiga una presunta red de tráfico de influencias en la que Leire Díez figura como una de las piezas clave. El enfrentamiento público entre Díez y el empresario Víctor de Aldama fue el detonante para que la primera solicitara medidas de alejamiento y protección que, si bien fueron denegadas por la vía judicial, derivaron en la activación de la vigilancia policial cuestionada ahora en sede parlamentaria.
