El juez Pedraz imputa a la directora general de la Guardia Civil y al DAO en el ‘caso Leire’
El magistrado de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha acordado este jueves la imputación de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y del Director Adjunto Operativo (DAO) del cuerpo, Manuel Llamas, en el marco de la investigación conocida como ‘caso Leire’. La decisión judicial se ha producido apenas unos minutos después de que la Fiscalía Anticorrupción solicitara formalmente que ambos altos cargos comparecieran ante el juzgado en calidad de investigados.
La resolución del titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 atiende a la petición formulada por el Ministerio Público, que se suma a la estrategia procesal ya iniciada por el Partido Popular en su condición de acusación popular. Sin embargo, existe una discrepancia técnica en las solicitudes, dado que Anticorrupción ha declinado pedir la imputación del anterior director general de la Benemérita, Leonardo Marcos, extremo que la formación política sí considera necesario.
El núcleo de las pesquisas judiciales se centra en la presunta existencia de una operativa diseñada para desestabilizar causas judiciales que afectan al Gobierno de España y al Partido Socialista Obrero Español (PSOE). En este contexto, se investiga el papel de la exmilitante socialista Leire Díez, con quien Mercedes González habría mantenido diversos encuentros.
Según consta en los escritos de la acusación, fundamentados en los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, se considera acreditada una relación personal y continuada entre González y Díez. Estas comunicaciones se habrían iniciado antes del nombramiento de la primera y habrían persistido tras su toma de posesión el pasado 17 de septiembre de 2024. Las diligencias apuntan a la celebración de, al menos, tres reuniones presenciales y el intercambio recurrente de mensajes a través de plataformas de mensajería instantánea.
La imputación de la cúpula de la Guardia Civil supone un giro significativo en la instrucción de la causa. El magistrado deberá ahora fijar el calendario de declaraciones para esclarecer si estos contactos y la relación personal documentada por la UCO tuvieron como finalidad interferir en la independencia de los procedimientos judiciales mencionados en la querella.
