Las asociaciones de la Guardia Civil exigen la dimisión de la cúpula del cuerpo tras su imputación judicial
Varias organizaciones profesionales de la Guardia Civil han solicitado este jueves la dimisión inmediata de la directora general del cuerpo, Mercedes González, y del director adjunto operativo (DAO), Manuel Llamas. La petición surge tras la decisión del magistrado Santiago Pedraz, de la Audiencia Nacional, de investigar a ambos en el marco del denominado «caso Leire Díez», por una presunta trama orientada a interferir en investigaciones judiciales en curso.
La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha calificado la situación de «insostenible», señalando que la permanencia de los altos mandos bajo investigación judicial perjudica gravemente el prestigio y la neutralidad de la institución. En un comunicado, la asociación ha denunciado un posible «doble rasero», recordando que cualquier agente de base investigado por hechos relacionados con el servicio suele enfrentar consecuencias profesionales inmediatas, a diferencia de lo que ocurre actualmente con la dirección del Instituto Armado.
Por su parte, la asociación Jucil ha extendido la responsabilidad política al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, cuya dimisión también ha reclamado. Desde esta organización subrayan que quien lidera la persecución del delito no puede estar bajo sospecha judicial, instando a González a abandonar el cargo por «dignidad institucional» y para salvaguardar el reconocimiento público del que goza la Unidad Central Operativa (UCO) frente al «descrédito» de sus responsables políticos.
A pesar de las presiones de las asociaciones profesionales, el ministro Fernando Grande-Marlaska ha ratificado su confianza plena en Mercedes González y Manuel Llamas. El titular de Interior ha defendido la gestión de ambos responsables y ha admitido tener conocimiento previo de las reuniones mantenidas entre la directora general y Leire Díez, encuentros que forman parte del núcleo de la investigación liderada por el juez Pedraz.
Otras agrupaciones, como la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC), han mostrado una postura más cautelosa, apelando a la presunción de inocencia mientras se deja trabajar a la justicia. No obstante, han señalado que la directora general debería considerar su salida para evitar un perjuicio mayor al cuerpo. Finalmente, la Asociación Pro Guardia Civil (APROGC) ha manifestado su «indignación» por el impacto reputacional de estas diligencias judiciales, remarcando que la confianza de los ciudadanos debe permanecer en la labor operativa de la institución.
