El PSOE defiende la seguridad jurídica en las nacionalizaciones de descendientes de exiliados
La portavoz de la ejecutiva federal del PSOE, Montse Mínguez, ha defendido la integridad y el rigor del proceso de nacionalización de descendientes de exiliados derivado de la Ley de Memoria Democrática, conocido popularmente como la «ley de nietos». En respuesta a las recientes críticas del Partido Popular, la representante socialista ha asegurado que el procedimiento cuenta con «plenas garantías» y una supervisión técnica rigurosa por parte de la administración consular.
Desde el PSOE han rechazado los cuestionamientos planteados por el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, quien calificó el proceso de arbitrario y falto de seguridad jurídica. Mínguez ha señalado que las afirmaciones del líder del PP responden a un desconocimiento del funcionamiento de los procesos administrativos, incidiendo en que los solicitantes deben acreditar documentalmente su parentesco para obtener la nacionalidad española.
La portavoz socialista ha subrayado que el sistema permite identificar con precisión la circunscripción provincial correspondiente a cada nuevo ciudadano para el ejercicio del derecho al voto. Asimismo, ha criticado lo que considera una estrategia de «mala fe» al intentar vincular este proceso de reparación histórica con el debate sobre la regularización extraordinaria de migrantes, dos ámbitos administrativos de distinta naturaleza.
Las declaraciones de Mínguez se producen tras las manifestaciones de Alberto Núñez Feijóo en Santander, donde el presidente del Partido Popular denunció una supuesta falta de garantías y puso el foco en el impacto económico de la medida. Feijóo cuestionó la validez de las acreditaciones de parentesco y la transparencia en la gestión de las solicitudes que se tramitan bajo la disposición de la Ley de Memoria Democrática aprobada en 2022.
En defensa de la labor institucional, la portavoz del PSOE ha instado a la formación de la oposición a respetar el trabajo de los funcionarios destinados en los consulados, quienes son los encargados de validar cada expediente. «Detrás de esto hay todo un sistema», ha recordado Mínguez, apelando a la confianza en el cuerpo diplomático y administrativo del Estado frente a los discursos que, a su juicio, buscan generar desconfianza en el sistema público.
Finalmente, desde la ejecutiva federal se ha hecho un llamamiento a evitar la politización de los trámites de nacionalidad, reafirmando que el cumplimiento de los requisitos legales es la base que sostiene todas las concesiones otorgadas hasta la fecha bajo el marco normativo vigente.
