El 88% de los españoles considera que la Justicia no aplica el mismo criterio con los políticos que con el resto de la ciudadanía
La cuarta edición de la Encuesta sobre Calidad de la Democracia, elaborada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), revela una profunda desconfianza ciudadana hacia la imparcialidad del sistema judicial en su relación con la clase política. Según los datos publicados este lunes, el 88,8% de los encuestados sostiene que la Justicia no trata de igual manera a los representantes políticos que a los ciudadanos comunes, mientras que un 76,9% duda de su neutralidad en causas que involucran a partidos políticos.
El estudio, basado en más de 4.000 entrevistas realizadas a principios de junio, arroja una visión crítica sobre la equidad del sistema. Un 78,4% de la población percibe diferencias de trato en función de la capacidad económica, afirmando que la Justicia no actúa de la misma forma con personas ricas que con ciudadanos de rentas bajas. Esta percepción coincide con un periodo de alta exposición mediática de causas judiciales vinculadas a presuntos casos de corrupción.
En términos institucionales, el informe refleja una dualidad en la percepción de la democracia. Aunque el 80,8% de los españoles manifiesta que el sistema democrático es preferible a cualquier otra forma de gobierno y un 72,7% valora la Transición como un motivo de orgullo nacional, el descontento con la gestión actual es mayoritario. El 56,9% de los consultados se declara «poco o nada satisfecho» con el funcionamiento actual de la democracia en España.
Respecto a la lucha contra la corrupción, el 87,5% de los ciudadanos considera que el Estado no dispone de mecanismos suficientes para combatir estas prácticas. Asimismo, el sentimiento de desafección política se manifiesta en el hecho de que más del 70% de los encuestados opina que los cargos públicos no se preocupan por las inquietudes de la gente y que la ciudadanía carece de influencia real sobre las decisiones del Ejecutivo.
En cuanto a la estructura de los partidos políticos, tres de cada cuatro españoles consideran que estas formaciones son indispensables para la democracia, pero demandan reformas internas profundas. Existe un consenso casi unánime (94%) en la exigencia de que todos los cargos públicos y orgánicos firmen un código ético. Además, la ciudadanía propone medidas como la elección de candidatos directamente por los afiliados, la integración de minorías en las listas y el refuerzo de la participación de las organizaciones juveniles.
El sondeo también identifica áreas prioritarias de consenso entre las dos principales fuerzas parlamentarias, el Partido Popular y el PSOE. Un 90,8% de los encuestados insta a un acuerdo en materia de fiscalidad justa, seguido de la gestión de los fondos europeos (85,7%), las medidas contra la violencia de género (84%) y la reforma del estatuto de los trabajadores. En las prioridades señaladas no figuran con la misma urgencia temas como la reforma constitucional o el modelo territorial.
El estudio técnico se llevó a cabo entre el 9 y el 12 de junio mediante 4.027 entrevistas distribuidas en 1.150 municipios de las 50 provincias españolas. Con un margen de error del +/- 1,6%, la encuesta ofrece una radiografía de la opinión pública en un contexto de debate intenso sobre la regeneración democrática y la independencia del Poder Judicial.
