El Consejo de Política Fiscal y Financiera evidencia la división autonómica ante los nuevos objetivos de déficit
El Ministerio de Hacienda y las comunidades autónomas han mantenido este lunes una reunión clave en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para definir la senda de estabilidad presupuestaria. Durante el encuentro, el Gobierno central ha propuesto un objetivo de déficit del 0,1% del PIB para las administraciones regionales y un techo de gasto fijado en el 4% para el ejercicio 2027. La votación ha reflejado una fractura política: las comunidades gobernadas por el Partido Popular han rechazado de forma unánime la propuesta, mientras que las regiones bajo gestión del PSOE y Cataluña han mostrado su respaldo o una actitud constructiva ante el proceso.
El secretario de Estado de Hacienda, Arcadi España, quien ha presidido la reunión, ha comunicado a los consejeros autonómicos que el margen de déficit público del 0,1% anual se extendería también a los ejercicios 2028 y 2029. Según fuentes ministeriales, esta medida permitiría a las regiones operar sin necesidad de realizar esfuerzos fiscales adicionales en dicho periodo. Asimismo, el Ejecutivo ha avanzado que las comunidades autónomas recibirán el próximo año el mayor volumen de recursos financieros de su serie histórica, como paso previo a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.
Desde el bloque de las comunidades del Partido Popular, la crítica ha sido frontal. La consejera de Economía de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert López-Ibor, ha calificado los objetivos presentados de «irrelevantes» y ha acusado al Gobierno de utilizar estas cifras como una «cortina de humo». Por su parte, la consejera de Hacienda de Extremadura, Elena Manzano, ha cuestionado la viabilidad del cumplimiento de estas metas ante las obligaciones impuestas por el Estado y ha reclamado un modelo de financiación que garantice la igualdad constitucional entre territorios, alegando falta de recursos suficientes para atender las competencias regionales.
En contraste, los representantes de las comunidades gobernadas por el PSOE han defendido la necesidad de dar luz verde a la senda de estabilidad. El consejero de Hacienda de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz, ha instado al PP a facilitar la aprobación de los presupuestos nacionales, mientras que desde Asturias, el consejero Guillermo Peláez ha abogado por una reforma de la regla de gasto para adaptarla a las necesidades actuales. La consellera de Economía y Finanzas de la Generalitat de Cataluña, Alicia Romero, ha celebrado el inicio del proceso presupuestario y ha puesto sobre la mesa la posibilidad de negociar un déficit asimétrico para futuros ejercicios, una opción que ha sido rechazada por las comunidades de la oposición.
Este desencuentro en el CPFF marca el inicio de una compleja negociación presupuestaria en las Cortes Generales. Mientras el Ministerio de Hacienda defiende que la propuesta dota de estabilidad y suficiencia financiera a las regiones, los gobiernos autonómicos del PP sostienen que las metas de gasto son «imposibles de cumplir» dadas las cargas actuales. El resultado de esta reunión prefigura el escenario de tensión parlamentaria al que se enfrentará el techo de gasto cuando deba ser ratificado en el Congreso de los Diputados y el Senado.
