El comandante Villalba ratifica ante el juez las reuniones con una exmilitante del PSOE para obtener información de la UCO
El comandante de la Guardia Civil, Rubén Villalba, ha ratificado este martes ante el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 1 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, que mantuvo dos encuentros con la exmilitante socialista Leire Díez. Según el testimonio prestado en sede judicial, Díez le habría solicitado información comprometedora sobre mandos de la Unidad Central Operativa (UCO) del Instituto Armado a cambio de presuntos beneficios profesionales.
La comparecencia, que se ha prolongado durante una hora, se produce en el marco de la investigación sobre una presunta trama dedicada a interferir en las causas judiciales que afectan al entorno del Gobierno y al PSOE. Villalba, quien ya figura como investigado en el denominado «caso Koldo», compareció en esta ocasión en calidad de testigo dentro de la pieza que dirige el magistrado Pedraz para esclarecer el alcance de estas maniobras de captación de información.
Fuentes jurídicas han confirmado que el oficial se ratificó en su declaración previa del pasado 28 de mayo, en la que admitió haberse reunido con Díez los días 10 y 26 de marzo de 2025. De acuerdo con el atestado de la UCO, el comandante explicó al juez que la exmilitante se presentó como una figura con vínculos directos con «los de arriba del Gobierno», asegurando tener acceso a los niveles más altos de la estructura del Ejecutivo.
El testimonio de Villalba subraya que el objetivo principal de estos contactos era conseguir datos sensibles que pudieran comprometer a los investigadores de la Guardia Civil que lideran las causas de corrupción actuales. A cambio de esta información, se le habrían ofrecido contraprestaciones que incluían un posible destino profesional fuera de España, oferta que el comandante afirma haber rechazado por no considerarla convincente.
La investigación judicial trata de determinar si existió una estrategia coordinada, presuntamente liderada por exdirigentes socialistas y coordinada por la propia Leire Díez, para desarticular los procedimientos judiciales que afectan a la estabilidad del Gobierno. La ratificación de Villalba refuerza la tesis de los investigadores sobre los intentos de acceder a información interna de la UCO mediante canales informales y ofrecimientos de beneficios a miembros del cuerpo.
Con esta declaración, el magistrado Santiago Pedraz continúa recabando diligencias para dirimir las responsabilidades penales de esta supuesta red de tráfico de influencias y obstrucción a la justicia, en un escenario de creciente complejidad técnica y política dentro de la Audiencia Nacional.
