El Gobierno aprueba la creación de 700 nuevas plazas para la carrera judicial y fiscal
El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha anunciado este martes la aprobación de 500 nuevas plazas para jueces y 200 para fiscales, una medida que supone el mayor incremento de efectivos en un solo año en la historia de la administración de justicia. Según ha detallado el titular de la cartera tras el Consejo de Ministros, las vacantes se publicarán en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en los próximos días, con el objetivo de que los primeros magistrados se incorporen a sus destinos el 31 de diciembre de este año.
La ampliación de la planta judicial, que se incrementa en un 8,5%, contempla que 368 de las 500 plazas de jueces se destinen a los tribunales de instancia, mientras que 96 se asignarán a órganos colegiados. En el desglose pormenorizado, 76 plazas reforzarán las audiencias provinciales, nueve los tribunales superiores de justicia, siete el Tribunal Supremo y cuatro la Audiencia Nacional. Asimismo, se han creado 34 plazas de adscripción territorial para adaptarse a las variaciones en la carga de trabajo y dos para el Tribunal Central de Instancia.
Bolaños ha vinculado esta expansión a la aplicación de la Ley de Eficiencia, señalando que el nuevo modelo organizativo permite una gestión más económica de los recursos públicos. El coste total de las nuevas unidades judiciales ascenderá a 55 millones de euros, una cifra significativamente inferior a los 260 millones que habría supuesto la creación de juzgados unipersonales bajo el sistema anterior. El ministro subrayó que esta optimización es necesaria para agilizar los plazos procesales y equilibrar la carga laboral de los profesionales del sector.
En cuanto a la carrera fiscal, la plantilla aumentará un 7,1%, pasando de 2.804 a 3.004 efectivos con la incorporación de 200 nuevos profesionales. Este refuerzo se distribuirá entre todas las comunidades autónomas y órganos centrales, priorizando áreas con alta demanda como la protección de datos, la inspección fiscal y la lucha contra los delitos de odio, la trata de personas, la extranjería y la violencia sobre la mujer. También se potenciarán las unidades de cooperación penal internacional y criminalidad informática.
Finalmente, el Ejecutivo ha avanzado en un proceso de comarcalización de secciones de Violencia sobre la Mujer dentro de los tribunales de instancia. Esta medida busca ofrecer una respuesta especializada sin perder la proximidad con el ciudadano, permitiendo que sedes como las de Lorca, Cartagena o Badalona extiendan su competencia territorial a municipios limítrofes. Según el Ministerio, esta reestructuración garantiza un equilibrio entre la eficiencia organizativa y la atención cualificada a las víctimas.
