El Ministerio del Interior ha confirmado la clasificación como «secreto o reservado» de los informes y documentos técnicos vinculados al proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes en España. Ante esta decisión, la asociación Zeolandia ha interpuesto una solicitud formal ante las Secretarías de Estado de Migraciones, Presidencia e Interior para exigir el acceso a la documentación, alegando que la reserva de dicha información podría contravenir los principios de transparencia y seguridad jurídica.
La restricción de acceso afecta a una amplia gama de documentos internos, incluyendo informes técnicos, evaluaciones de riesgo y notas elaboradas por la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) y el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF). Según la respuesta remitida por el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska al Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, la clasificación se otorgó de forma genérica para el planteamiento y ejecución de los acuerdos relacionados con este proceso.
La entidad demandante, liderada por los abogados Inmaculada Jaén y Alexis Aneas, sostiene en su reclamación que la jurisprudencia actual exige una justificación expresa, detallada y proporcional para limitar el derecho de acceso a la información pública. Zeolandia subraya el especial interés general que reviste el informe de impacto económico del Real Decreto 316/2026 y advierte que, de no obtenerse una respuesta motivada o un acceso parcial a los datos, se iniciarán acciones legales contra el Ejecutivo.
El proceso de regularización ha registrado un volumen de solicitudes sustancialmente superior a las proyecciones iniciales del Gobierno. Mientras que el Ejecutivo socialista estimó originalmente unos 500.000 beneficiarios, el balance final del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones eleva la cifra a 1.174.978 peticiones. Este incremento del 135% sobre la previsión inicial ha sido objeto de críticas por parte de sindicatos policiales y grupos de la oposición, quienes cuestionan la laxitud de los criterios de vulnerabilidad aplicados en el procedimiento.
En el plano institucional, la medida afronta también el escrutinio del Tribunal Supremo. El Alto Tribunal ha identificado seis posibles puntos de conflicto entre la regularización masiva y el Pacto Europeo de Migración y Asilo, señalando una posible falta de coordinación con la Comisión Europea. En este contexto, la justicia española valora la posibilidad de elevar una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), lo que podría derivar en una suspensión parcial de las solicitudes que aún se encuentran en fase de tramitación.
Por su parte, el Gobierno mantiene su defensa de la legalidad del proceso, argumentando que la medida busca incorporar a miles de personas al mercado laboral formal, incrementar la recaudación fiscal y responder al desafío demográfico del país. No obstante, las formaciones de la oposición y la asociación recurrente insisten en que la opacidad del proceso y el uso del real decreto han evitado un debate parlamentario necesario para una política migratoria de tal envergadura.
