Testigos ratifican ante la Audiencia Nacional la presunta trama para interferir en causas judiciales
El abogado Antonio José García Cabrera y el empresario Joaquín Parra comparecieron este miércoles en calidad de testigos ante el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 1 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz. Ambos ratificaron sus declaraciones previas ante la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, confirmando los presuntos intentos de la exmilitante socialista Leire Díez de mediar en diversos procesos judiciales que afectan al entorno del Gobierno y del Partido Socialista.
García Cabrera, letrado del comisario jubilado José Manuel Villarejo, relató ante el magistrado que Díez le contactó para ofrecerle una reunión con el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz. Según el testimonio, la exmilitante consideraba «injusta» la situación procesal de Villarejo en la macrocausa Tándem. El testigo precisó que, si bien se produjeron contactos previos, ni él ni su representado llegaron a reunirse con el Fiscal General ni con el fiscal anticorrupción del caso Kitchen, César de Rivas. El abogado calificó las propuestas de Díez en aquel momento como carentes de credibilidad.
Por su parte, Joaquín Parra, expresidente del C.D. Badajoz, corroboró ante el juez Pedraz que Leire Díez le ofreció ayuda en sus propios problemas judiciales a cambio de información que pudiera comprometer la reputación de la jueza Beatriz Biedma. La magistrada Biedma es quien instruye actualmente la causa contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, por presuntas irregularidades en su contratación por la Diputación de Badajoz.
Durante su declaración, Parra hizo referencia a la existencia de un inmueble en el centro de Madrid que la investigada describía como un «piso franco» vinculado al PSOE. Asimismo, el empresario señaló que la presunta trama le sugirió utilizar el nombre del dirigente socialista Santos Cerdán para agilizar trámites administrativos relacionados con licencias de edificación en la localidad sevillana de Dos Hermanas. Parra manifestó poseer grabaciones de estos encuentros, cuya entrega ha sido solicitada por el Ministerio Fiscal para su análisis judicial.
La investigación que dirige el juez Santiago Pedraz trata de determinar el alcance de esta red, que según los informes de la UCO, habría buscado obtener información sensible de jueces, fiscales y cargos políticos. Los atestados policiales recogen menciones a la intención de la trama de apartar de sus funciones a personalidades del ámbito jurídico como el fiscal José Grinda o el magistrado Manuel Marchena, en un intento por desarticular causas judiciales que pudieran resultar adversas a los intereses del Ejecutivo.
La comparecencia de estos testigos supone un avance en la instrucción de esta pieza, en la que también figura como imputado el empresario Javier Pérez Dolset. La Audiencia Nacional deberá ahora evaluar las pruebas documentales y los archivos de audio mencionados por los declarantes para dirimir el grado de implicación de los señalados en esta presunta estructura de influencia institucional.
