La exdirectora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban, comparece este viernes en calidad de investigada ante el Juzgado de Instrucción número 23 de Barcelona. La declaración responde a la querella interpuesta por el exdiputado de ERC, Sergi Sabrià, en relación con el uso del software de vigilancia Pegasus para el espionaje de dirigentes vinculados al movimiento independentista.
Esta actuación judicial representa la novena denuncia analizada por la justicia catalana contra Esteban y los servicios secretos del Estado por estos hechos. De los procedimientos abiertos hasta el momento, seis han derivado en una imputación formal contra la antigua responsable de la inteligencia española. La defensa de la exdirectora recae en la Abogacía del Estado, que mantiene la legalidad de las actuaciones realizadas durante su mandato.
Fuentes jurídicas consultadas sobre el proceso señalan que la situación procesal de Paz Esteban se enmarca en una estrategia de litigiosidad coordinada por diversos actores del entorno independentista. Entre los querellantes figuran dirigentes de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y Junts, así como asociaciones civiles y grupos de activistas. A pesar de que en varias ocasiones los juzgados de instrucción han propuesto el sobreseimiento de las causas por falta de indicios de delito, la Audiencia Provincial de Barcelona ha ordenado la reapertura de diversos expedientes.
El origen del conflicto se sitúa en la detección del software israelí Pegasus en los dispositivos móviles de decenas de políticos y activistas catalanes. Durante su gestión, Esteban compareció ante la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso de los Diputados, donde defendió que el CNI solo autorizó 18 intervenciones telefónicas, todas ellas bajo el preceptivo aval judicial. Sin embargo, informes externos como el de Citizen Lab ampliaron el número de posibles afectados hasta los 63 terminales, incluyendo también los dispositivos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Defensa, Margarita Robles.
Paz Esteban fue destituida de su cargo en mayo de 2022, tras casi tres años como directora y cuarenta años de trayectoria profesional en los servicios de inteligencia. Su cese se produjo en un contexto de crisis institucional motivada por las brechas de seguridad detectadas en los terminales de las altas autoridades del Estado y la presión política derivada de las revelaciones sobre el espionaje en Cataluña.
La declaración de este viernes se produce en un clima de peticiones constantes de desclasificación de documentos al Consejo de Ministros por parte de los tribunales. Hasta la fecha, las diligencias judiciales no han permitido extraer conclusiones definitivas sobre la autoría o el alcance de las intrusiones más allá de las 18 admitidas oficialmente por el organismo de inteligencia.
