Un empresario vincula a la abogada de Koldo García con una oferta de mediación ante la Fiscalía
El empresario Antonio Rodríguez Estepa ha prestado declaración este jueves ante el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 1 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, en el marco de la investigación sobre el denominado «caso Leire Díez». Durante su comparecencia, Rodríguez Estepa ha confirmado que la letrada Leticia de la Hoz, defensora del exasesor ministerial Koldo García, le propuso un encuentro con un alto cargo de la Fiscalía para explorar un posible acuerdo de conformidad en las causas judiciales que le afectan.
Según han informado fuentes jurídicas, el testigo señaló que se le presentó a la exmilitante socialista Leire Díez como la persona capaz de facilitar dicha entrevista con el «jefazo» del Ministerio Público. Esta línea de investigación, dirigida por el magistrado Pedraz, trata de esclarecer una presunta operativa que tendría como objetivo desestabilizar causas judiciales que afectan al entorno del Gobierno y al PSOE, una trama que, según las diligencias previas, habría estado coordinada por Díez.
No obstante, el empresario ha matizado ante el juez las afirmaciones contenidas en los informes previos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Si bien en un primer momento se sugirió que la oferta de beneficios procesales estaba condicionada a la entrega de información comprometedora sobre Repsol, la propia UCO y altos cargos del Ministerio de Hacienda, Rodríguez Estepa ha precisado hoy que entendió el ofrecimiento estrictamente como un cauce para alcanzar un acuerdo de conformidad legal.
Durante el interrogatorio, el testigo ha negado que la abogada De la Hoz le solicitara documentación falsa contra instituciones o personas específicas. En este sentido, Rodríguez Estepa ha llegado a cuestionar la literalidad del atestado de la Guardia Civil, calificando de inexactas algunas de las menciones recogidas por los agentes y limitando su colaboración con la letrada al aporte de documentos que, según su versión, ya formaban parte de otros procedimientos judiciales en curso.
Antonio Rodríguez Estepa, que cuenta con antecedentes por delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales en el sector de los hidrocarburos, se encuentra actualmente procesado en el «caso Gaslow». Esta causa, también instruida en la Audiencia Nacional, investiga un presunto fraude millonario en el pago del IVA de hidrocarburos, contexto en el cual se habrían producido los contactos con la red ahora investigada.
En la misma jornada, el magistrado Pedraz ha tomado declaración al empresario Claudio Rivas, vinculado al «caso Villafuel». A diferencia de lo expuesto por otros comparecientes, Rivas ha negado ante el juez haber sido objeto de intentos de soborno o presiones por parte de la trama liderada presuntamente por Leire Díez para influir en su situación procesal.
La investigación continúa su curso bajo la supervisión de la Audiencia Nacional, centrando sus esfuerzos en determinar si existió una estructura organizada dedicada a la interlocución irregular con estamentos judiciales y fiscales para favorecer a empresarios encausados a cambio de información o beneficios políticos.
