Fiscalía de Bolivia solicita cooperación a España y Perú por presunta mediación de Rodríguez Zapatero
El Ministerio Público de Bolivia ha formalizado este jueves una solicitud de cooperación jurídica internacional dirigida a las autoridades de España y Perú. El objetivo de la medida es recabar información oficial sobre la presunta participación del expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, en una trama de tráfico de influencias que habría beneficiado al conglomerado peruano Grupo Gloria en territorio boliviano.
Roger Mariaca, fiscal general del Estado, informó en rueda de prensa que los requerimientos fueron remitidos a través de la Cancillería de Bolivia. La justicia boliviana busca obtener documentación específica de España y datos financieros del Grupo Gloria en Perú, tras las denuncias que señalan al exmandatario español por haber percibido un pago de 200.000 euros a cambio de interceder ante el Gobierno boliviano en favor de la firma peruana.
Esta petición de auxilio judicial se tramita de forma independiente a la investigación penal iniciada recientemente por la Fiscalía Departamental de Chuquisaca. Dicha instancia local abrió un proceso para determinar la existencia de delitos de uso indebido de influencias, basándose en los hallazgos de la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF) de la Policía Nacional de España conocidos a finales de junio.
Antecedentes y el informe de la UDEF
El informe de la UDEF sostiene que Rodríguez Zapatero participó en una dinámica de intermediación orientada a favorecer los intereses económicos del Grupo Gloria mediante una contraprestación económica. Las pruebas recopiladas en España incluyen conversaciones de mensajería y agendas personales del expresidente, las cuales han sido vinculadas también con otras investigaciones sobre cobro de comisiones internacionales.
Las pesquisas apuntan a gestiones realizadas ante figuras del Ejecutivo boliviano en el periodo 2020-2025. El caso se centra en el conflicto legal entre la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce), de la cual el Grupo Gloria es accionista mayoritario, y la estatal Fábrica Nacional de Cementos (Fancesa). La disputa, que data de 2010, gira en torno a la reversión de acciones y las compensaciones económicas derivadas de dicho proceso.
Postura de las partes involucradas
Recientemente, el Grupo Gloria admitió haber realizado el pago de 200.000 euros a Rodríguez Zapatero. No obstante, la empresa peruana defendió la licitud de la contratación, argumentando que se trató de un servicio de intermediación para gestionar la indemnización por la reversión de acciones de Soboce, rechazando cualquier acusación de interferencia con la justicia o fines ilegales.
En el ámbito judicial boliviano, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ratificó una sentencia que obliga a Soboce a pagar una compensación de 74,4 millones de dólares a Fancesa por daños y perjuicios. Por su parte, el Ministerio Público aseguró que los resultados de las solicitudes de cooperación internacional serán fundamentales para definir el curso de las investigaciones penales en el país.
La Fiscalía General ha subrayado que la transparencia institucional marcará el manejo de la información una vez que se reciban las respuestas oficiales de Madrid y Lima, cumpliendo con los protocolos de asistencia penal mutua entre Estados.
