El Partido Popular critica la situación del entorno de Presidencia tras la imputación de Juan Manuel Serrano

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ha valorado este viernes la decisión judicial de imputar a Juan Manuel Serrano, exjefe de gabinete de Pedro Sánchez y expresidente de la entidad pública Correos, en el marco del denominado «caso Leire». Durante un acto político en Valladolid, el dirigente popular ha señalado que esta nueva diligencia judicial afecta directamente al que fuera uno de los colaboradores más cercanos del presidente del Gobierno desde sus inicios en la formación socialista.

La resolución ha sido dictada por el magistrado de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, tras recibir el apoyo de la Fiscalía y analizar un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. La investigación sitúa a Serrano en una presunta trama dedicada a la obtención de beneficios en el ámbito de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y en una supuesta organización destinada a interferir en causas judiciales que afectaban a intereses del entorno gubernamental.

En el marco del XVI Congreso de Nuevas Generaciones (NNGG), Tellado ha calificado a Serrano como el «imputado número 127» relacionado con las filas socialistas. Según el número dos de la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo, la implicación de Serrano supone la caída de «otro de los hombres del presidente», afirmando que, tras los últimos acontecimientos judiciales, la integridad del círculo de confianza de Sánchez se encuentra comprometida.

La Unidad Central Operativa implicó formalmente a Serrano este jueves, detallando presuntas maniobras para desestabilizar procedimientos judiciales. Las pesquisas apuntan a que estas acciones buscaban proteger a figuras vinculadas al Ejecutivo y al PSOE frente a diversas investigaciones abiertas. Tellado ha insistido en que esta situación procesal no es un hecho aislado, sino que forma parte de un escenario donde «el que lo mancha todo es el propio Sánchez».

Con esta imputación, el juez Pedraz inicia una nueva fase en el «caso Leire» para esclarecer el alcance de las presuntas irregularidades en el ámbito empresarial público y la supuesta red de boicot judicial. Por su parte, la dirección del Partido Popular ha anunciado que continuará fiscalizando las novedades que surjan de los informes de la UCO, exigiendo responsabilidades políticas ante lo que consideran un deterioro institucional continuado.