Seguridad nacional y nacionalidad: el papel determinante del CNI en el filtrado de solicitantes extranjeros
El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ejerce una función crítica en los procesos de concesión de la nacionalidad española a través de la emisión de informes de seguridad que evalúan la idoneidad de los solicitantes. Según la normativa vigente, la acreditación de la residencia y la carencia de antecedentes penales no garantizan por sí solas la obtención del pasaporte español si el servicio de inteligencia detecta vínculos con servicios de información extranjeros o actividades que comprometan la seguridad nacional.
Bajo la dirección de Esperanza Casteleiro, el área de contrainteligencia del CNI intensifica su vigilancia sobre perfiles que, aun estando integrados socialmente, mantienen colaboraciones activas con agencias externas. Estos informes, que suelen ser determinantes para la resolución administrativa, se basan en la premisa de que la lealtad al Estado español es incompatible con el servicio a intereses de potencias extranjeras, ya sea mediante la obtención de información sensible o la ejecución de operaciones de influencia en territorio nacional.
Uno de los casos de mayor relevancia institucional es el de Alexander Dimitrenko, empresario afincado en Cataluña durante dos décadas a quien la Audiencia Nacional denegó la nacionalidad en mayo de 2023. El informe del CNI señaló que Dimitrenko actuó presuntamente como enlace entre el entorno de Carles Puigdemont y los servicios de inteligencia rusos para buscar apoyo al proceso independentista. A pesar de no contar con causas judiciales abiertas en el momento de la solicitud, la vinculación con el crimen organizado y el espionaje de Moscú prevaleció como motivo de seguridad nacional.
La casuística más frecuente, no obstante, se registra en relación con los servicios de inteligencia de Marruecos. Numerosos ciudadanos que cumplen los requisitos formales de integración ven rechazadas sus solicitudes tras detectarse encuentros con jefes de delegación de la inteligencia marroquí o actividades de vigilancia sobre disidentes o militantes del Frente Polisario en España. Aunque las defensas legales suelen argumentar la falta de sanciones administrativas y la plena integración familiar, la jurisprudencia tiende a validar el criterio de «la Casa» basándose en la especificidad de los datos aportados.
El control judicial de estos informes presenta una complejidad añadida debido a la Ley de Secretos Oficiales. Los tribunales suelen otorgar una alta presunción de veracidad a las conclusiones del CNI, incluso cuando los informes no desglosan detalles específicos de las investigaciones para proteger fuentes y métodos. Esta «profesión de fe» jurídica solo se rompe en casos excepcionales, como ocurrió con una investigadora cubana a quien el Tribunal Supremo dio la razón tras demostrarse que la información enviada a su país de origen carecía de relevancia para la seguridad del Estado.
En definitiva, el sistema de naturalización español opera bajo un doble filtro: el administrativo, que evalúa el cumplimiento de los plazos y la conducta ciudadana, y el estratégico, gestionado por el CNI, que impide el acceso a la nacionalidad a aquellos individuos que actúan como agentes o colaboradores de servicios de inteligencia extranjeros en suelo nacional.
