La defensa de la inspectora que denunció al ex DAO ultima una nueva querella contra la cúpula policial por presunto encubrimiento
La representación legal de la inspectora de la Policía Nacional que denunció por presunta agresión sexual al ex director adjunto operativo (DAO), José Ángel González, prepara una nueva ofensiva judicial ante los Juzgados de Plaza de Castilla. Esta acción se dirige contra los altos responsables policiales que, presuntamente, intentaron silenciar a la agente para evitar que denunciara los hechos y contra aquellos que habrían incurrido en una dejación de funciones al no activar los protocolos internos del cuerpo.
Esta decisión jurídica se produce después de que el titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8 de Madrid, David Yehiel Maman, haya incoado sumario contra el antiguo número dos del Cuerpo exclusivamente por el delito de agresión sexual. El magistrado instructor ha optado por no incluir en esta causa principal el resto de ilícitos denunciados por la agente, relacionados con una supuesta campaña de acoso interno, coacciones y malversación, lo que obliga a la demandante a abrir una vía judicial independiente para investigar la responsabilidad de otros mandos.
Entre los señalados en este nuevo frente legal se encuentra el comisario Óscar San Juan, quien fuera mano derecha del ex DAO y que fue cesado por el Ministerio del Interior tras revelarse que presuntamente ofreció un puesto de libre designación a la inspectora a cambio de su silencio. No obstante, el abogado de la víctima, Jorge Piedrafita, ha avanzado que la querella no se limitará al entorno inmediato de González, sino que apuntará a otros mandos responsables de la gestión del caso y a los autores de las filtraciones de datos de la víctima en chats profesionales.
Uno de los puntos clave de la nueva denuncia es el presunto incumplimiento deliberado de los protocolos sociosanitarios de la Policía Nacional. Según la normativa interna, tras la baja de la agente en julio de 2025, un equipo especializado debería haber realizado una entrevista y valoración de su estado de salud en un plazo máximo de cinco semanas. La defensa sostiene que este seguimiento nunca se produjo, evitando así que el expediente llegara a Unidades de Asuntos Internos o al Consejo de la Policía, lo que constituye una supuesta omisión de funciones para proteger al alto mando.
En cuanto a la causa principal por agresión sexual, el juzgado ha incorporado recientemente nuevas pruebas, entre las que destaca una grabación telefónica donde el ex DAO reconoce haber invitado a la subordinada a su vivienda oficial. Este audio contradice la versión ofrecida por el investigado en sede judicial, donde afirmó que fue la inspectora quien decidió subir al domicilio por iniciativa propia. Esta prueba se suma a una grabación de 40 minutos realizada por la víctima el día de los hechos, el 23 de abril de 2025, en la que supuestamente se documenta la resistencia de la agente ante los requerimientos de González.
Por su parte, José Ángel González ha negado de forma sistemática los hechos, enmarcando la denuncia en un contexto de animadversión personal y profesional tras la ruptura de una relación sentimental previa. Su defensa ha solicitado recientemente el cierre del caso y el levantamiento de la imputación, argumentando que no existen indicios racionales de criminalidad y que los audios presentados por la acusación no sostienen el relato de la agresión.
Actualmente, el juez Maman ha otorgado un plazo de cinco días a las partes para solicitar nuevas diligencias de investigación antes de decidir sobre el procesamiento formal del excomisario principal. Mientras tanto, la víctima mantiene la protección policial concedida por el Ministerio del Interior ante la gravedad de las coacciones denunciadas en el entorno institucional.
