La justicia cita como investigado al alcalde de Móstoles por presunto acoso sexual y laboral
El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 del Tribunal de Instancia de Móstoles ha citado a declarar en calidad de investigado al alcalde de la localidad, Manuel Bautista (PP), para el próximo 9 de octubre. La comparecencia se enmarca en el procedimiento judicial derivado de la querella interpuesta por una exconcejala de su formación, quien denuncia presuntos delitos de acoso sexual y laboral, además de coacciones y lesiones.
La magistrada titular ha acordado asimismo la citación de cinco testigos propuestos por la acusación particular. Entre los llamados a declarar figuran el exconcejal Raúl Gallego Parrondo, quien renunció a su acta el pasado mes de marzo tras manifestar su apoyo a la denunciante, y el antiguo jefe de Comunicación del Ayuntamiento, David Zamorano. Estas diligencias buscan contrastar el testimonio de la querellante y los hechos expuestos en la denuncia inicial.
La decisión judicial se produce después de que la exedil ratificara su querella el pasado 29 de junio. Durante una declaración que se extendió por más de tres horas, la denunciante sostuvo que el regidor le realizó proposiciones de índole sexual en tres ocasiones diferentes. Según su testimonio, el rechazo a dichas propuestas desencadenó un proceso de acoso laboral sistemático dentro de la estructura municipal.
Asimismo, la querella se dirige también contra el Partido Popular, al que la exconcejala acusa de no haber activado los protocolos de amparo necesarios tras poner los hechos en conocimiento de la dirección interna. Según la denunciante, los interlocutores designados por el partido para gestionar el asunto llegaron a ejercer medidas de coacción, extremo que también será objeto de investigación en la instrucción del caso.
Por su parte, Manuel Bautista ha negado tajantemente las acusaciones desde el inicio del proceso. La defensa del alcalde interpuso un recurso de reforma contra el auto de admisión a trámite de la querella, argumentando que el relato de los hechos carecía de los elementos típicos necesarios para ser perseguido penalmente. Sin embargo, la magistrada desestimó dicho recurso al considerar que los hechos descritos, de resultar probados, tienen plena relevancia penal y encajan en los tipos delictivos del Código Penal vigente.
El procedimiento judicial tuvo su origen el 16 de febrero, cuando se interpuso la querella tras un intento previo de resolución por la vía interna. Las diligencias previas fueron admitidas a trámite el 15 de abril, iniciando un calendario judicial que ahora encara una fase determinante con la toma de declaración del investigado y los testigos clave para el esclarecimiento de los hechos en el consistorio mostoleño.
