Sumar propone exigir por ley la climatización de las viviendas destinadas al alquiler

El Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar ha anunciado este martes el desarrollo de una iniciativa legislativa para obligar por ley a que las viviendas en régimen de alquiler cuenten con sistemas de climatización adecuados. La propuesta, que será presentada formalmente en las próximas semanas, busca vincular la validez de los contratos de arrendamiento al cumplimiento de unos estándares mínimos de habitabilidad térmica.

El portavoz de Vivienda de la formación y diputado de Compromís, Alberto Ibáñez, ha adelantado las líneas generales de esta medida en una rueda de prensa celebrada en el Congreso de los Diputados. Según ha explicado el parlamentario, el objetivo de la norma es garantizar que los inquilinos disfruten de «unas condiciones climáticas oportunas» ante el incremento progresivo de las temperaturas medias en el país.

Durante su comparecencia, Ibáñez ha justificado la intervención legislativa basándose en la actual situación del mercado inmobiliario, señalando la desproporción existente entre las rentas que se perciben y los servicios que ofrecen algunos inmuebles. «Dudo que hoy en España haya alguien que esté en contra de que gente que se está llevando 2.000 euros por alquilar un piso tenga la obligación de que haya un aire acondicionado decente», ha manifestado el diputado, quien ha calificado de insuficiente el uso de ventiladores portátiles en viviendas de alquiler compartido.

La formación subraya que esta medida responde a una necesidad de salud pública y derechos básicos en el marco de la crisis climática actual. El portavoz ha recordado que Europa ha atravesado recientemente sus periodos estivales más calurosos y ha advertido de que la tendencia meteorológica obliga a adaptar la normativa de vivienda para proteger a la ciudadanía de las olas de calor dentro de sus hogares.

La propuesta de Sumar se someterá a debate en sede parlamentaria una vez se formalice el texto técnico, con el objetivo de modificar el marco normativo que regula las condiciones exigibles a los propietarios para la puesta en el mercado de activos residenciales.