Condenan a 18 años de inhabilitación a Miguel Ángel Gallardo por prevaricación en la Diputación de Badajoz
El expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, ha sido condenado a una pena de 18 años de inhabilitación para empleo o cargo público. La sentencia le atribuye la autoría de dos delitos de prevaricación administrativa relacionados con la contratación de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, y de Luis Carrero.
La resolución judicial establece que el exdirigente incurrió en irregularidades penales durante los procesos de designación de ambos ciudadanos en la institución provincial extremeña. Según el fallo, la naturaleza de estas contrataciones vulneró los principios de legalidad exigidos en la administración pública, lo que ha derivado en la imposición de la inhabilitación especial prevista para estos casos de prevaricación.
El caso cobró relevancia institucional tras las denuncias sobre la vinculación laboral de David Sánchez en el área de cultura de la Diputación y la posterior incorporación de Luis Carrero, identificado en las diligencias como persona cercana al entorno del primero. La investigación judicial se centró en determinar si dichos nombramientos se ajustaron a los procedimientos administrativos de mérito y capacidad o si, por el contrario, fueron fruto de una decisión discrecional al margen de la norma.
La condena de 18 años supone el apartamiento de Gallardo de cualquier responsabilidad en la gestión pública durante el periodo dictado por el tribunal. Esta decisión judicial impacta directamente en la estructura política del PSOE en Extremadura, donde el condenado ha desempeñado funciones de alta responsabilidad orgánica y administrativa.
A falta de conocer los detalles íntegros de la sentencia y los posibles recursos que la defensa pueda interponer ante instancias superiores, el fallo marca un precedente en la fiscalización de las políticas de recursos humanos en las administraciones provinciales. La noticia continúa en fase de ampliación conforme se hacen públicos los fundamentos de derecho de la resolución.
